SALTA.- Las pasadas elecciones en los estamentos de jueces y de abogados sirvieron, una vez más, para seleccionar vocales del Consejo de la Magistratura. Pero esta vez sirvieron además para dar paso -en la representación de los abogados- a una corriente de cambio.

Y sirvieron también, para que -en algunos sectores de la abogacía y de la judicatura salteñas- surgieran reflexiones acerca de la independencia de los jueces (MARTINEZ ALARCON[1]) y de la calidad del servicio provincial de justicia.

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Pude constatar, asimismo, el surgimiento -en un tercer plano de contornos todavía imprecisos- de intercambios de inquietudes acerca de la demorada e imprescindible incorporación de Salta a la democracia constitucional (FERRAJOLI[2].) y que garantice la vigencia -en el orden jurídico local- de los Derechos Humanos de fuente internacional (NUÑEZ DONALD[3])

Por tanto, las elecciones no quedaron restringidas al clásico “trueque corporativo de figuritas”, ni a un pulso entre viejos y nuevos liderazgos. La emergencia de aquella demanda de cambios puso de manifiesto un trasfondo programático, institucional que, espero, habrá de hacerse explícito ganando en calidad y en aportes constructivos a partir de ahora mismo.

El nuevo papel del Juez

En las modernas democracias constitucionales los jueces están llamados a ejercer un control sobre leyes y actos de gobierno. También sobre cualquier hecho que vulnere o amenace los Derechos Humanos que residen en las personas y en otros nuevos sujetos del orden jurídico y social, como es el caso del ambiente o de los animales.

Lo que equivale a decir que los jueces tienen asignada la función central de controlar a los poderes del Estado y a las personas o grupos que actúan en las sociedades contemporáneas y lo hacen con la pretensión de avasallar o domesticar a otros.

Por muy mayoritarios que sean el gobernador, los intendentes, los legisladores o los detentadores de poderes sociales, los jueces están para frenar desbordes y reconducir comportamientos abusivos al terreno de la democracia. Algunos juristas (GARGARELLA[4]) han construido la categoría de poder contra mayoritario para referirse a este nuevo rol de la magistratura judicial.

Los jueces están llamados, entonces, a preservar los consensos constitucionales y a garantizar, además, la efectiva vigencia de los Derechos Humanos consagrados en los Tratados y Convenios internacionales.

Dentro de esta nueva configuración del orden jurídico (aun inédita en Salta), ni siquiera un gobernador elegido por el 99% de los votos puede adoptar medidas contrarias al así llamado bloque constitucional federal y cosmopolita. Ni el gobernador, ni la legislatura, ni la Corte de Justicia, ni -menos aun- su presidente.

La democracia constitucional languidece o se extingue cuando -como ocurre entre nosotros- hay jueces que son complacientes o que temen a los autócratas o a determinados poderes sociales o fácticos.

Para torcer esta penosa deriva que nos daña los salteños necesitamos dotarnos de jueces independientes, probos, capaces y valientes. Solo esta categoría de magistrados está en condiciones de garantizar nuestras libertades nuestras metas de igualdad de oportunidades y nuestros derechos colectivos al bienestar y al progreso.

Trabajadores y empleadores, usuarios y consumidores, acreedores y deudores, administrados y administración, pobres y ricos, vecinos y municipios, miembros de grupos familiares, socios y las instituciones de las que forman parte, maestros y alumnos, culpables e inocentes, activos y jubilados, necesitamos de jueces independientes con el talento y el valor para garantizar la supremacía de los valores de la república.

Pero no es suficiente que existan en Salta una docena de jueces apegados a la Constitución. Nuestro desarrollo equitativo y nuestra convivencia requieren que los 120 jueces que tiene la provincia asuman sus altas responsabilidades con independencia, ilustración y valor cívico. Y que se muestren -clara e inequívocamente- capaces de desligarse de antiguos o recientes compromisos políticos, ideológicos, familiares o de intereses.

Cambiar la formación de abogados y de jueces

Alcanzar tan ambiciosas metas requiere abrir un debate en profundidad acerca de la formación de los abogados y, muy especialmente, de los jueces.

Un debate que debería comenzar por reconocer las falencias de nuestros planes de estudios en las Facultades de Derecho (algunos, anclados en la dogmática de los años de 1970) de las que egresan muchos abogados y magistrados salteños.

Hace falta reconocer también la precariedad de la acción formativa de la Escuela de la Magistratura, divorciada, a mi entender, de las altas exigencias académicas, y ajena a los permanentes cambios que se producen en el campo del derecho y de otras ciencias sociales.

Las viejas ideas acerca de la jurisdicción, de las relaciones del juez con la ley, con la Constitución, con la justicia y con el progreso, el provincianismo jurídico (que expresa crudamente la larga decadencia salteña), perviven a contramano de los avances que el derecho y la cultura jurídica registran en otras latitudes no solo internacionales. Algunas de estas viejas ideas repiten tesis que Justiniano esbozó en el siglo VI (GUIBOURG).

El inmovilismo de Salta -tan lejos del compromiso con la ilustración y el progreso que supo expresar la llamada “aristocracias republicana” (QUINTIAN[5]) que lideró, sobrellevando enormes dificultades, a nuestra provincia desde finales del siglo XIX-, es hoy más que nunca un factor de atraso.

Digo esto sin olvidar que Salta dio eximios jueces y juristas que lideraron la reorganización nacional y los avances hacia la república.

Bastaría con recordar a Bernabé López, Benito Graña (ambos jueces de las primeras CSJN), Indalecio Gómez, Virgilio Tedian, o repasar la obra de Atilio CORNEJO[6] para darse cuenta de que el actual provincianismo, cerrazón y rechazo al progreso no fueron moneda corriente en nuestro pasado. Antes bien, en el foro salteño, junto a exponentes del autoritarismo oscurantista existieron grandes juristas liberales e ilustrados (PINKER[7]);  siendo los de Carlos S. Fayt, Ricardo Reimundín, Roberto Frías, Ernesto Samán y Martín Adolfo Diez los casos más recientes que me vienen a la memoria.

Adiós al provincianismo reaccionario

El mejor funcionamiento de la empobrecida democracia salteña reclama jueces comprometidos con la efectiva vigencia de los Derechos Humanos tal y como están formulados en los Tratados y Convenios Internacionales y según son interpretados por los entes encargados de vigilar su cumplimiento por parte de los Estados signatarios.

Hace falta un gran movimiento intelectual y político que sacuda la empobrecedora quietud del mundo jurídico local, que reemplace el amiguismo por el mérito y el parentesco por el talento.

Las escuelas de abogados y de jueces deben dar prioridad en sus planes formativos al proceso de constitucionalización de las distintas ramas del derecho (incluido el derecho procesal), al valor de los principios éticos y jurídicos, al relevo del lenguaje burocrático e iniciático. El estudio de los Tratados y Convenios Internacionales vigentes en la Argentina, del control de convencionalidad[8], hoy ignorados o temidos por muchos jueces salteños, merecen igual prioridad.

Salta, 26 de marzo de 2019

Por José Armando Caro Figueroa para Voces Críticas

Abogado egresado de la U.N. de Tucuman en 1964