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Uluncha Saravia: “Peleamos en contra la reticencia de funcionarios que son el reflejo de la colonización de la justicia"

Voces Críticas dialogó en exclusiva con Carlos Uluncha Saravia, abogado querellante de la familia Albarracin y Valdez (dos de los brigadistas que perdieron la vida en Guachipas). El juicio comienza mañana

Uluncha Saravia: “Peleamos en contra la reticencia de funcionarios que son el reflejo de la colonización de la justicia"
Por Redacción Voces Críticas
lunes 14 de octubre de 2019

SALTA.- (Redacción) Voces Críticas dialogó en exclusiva con Carlos Uluncha Saravia, abogado querellante de la familia Albarracin y Valdez (dos de los brigadistas que perdieron la vida en Guachipas) habló respecto al juicio que inicia mañana, en contra de las autoridades, que en aquel momento, estaban a cargo de Defensa Civil. Saravia aseguró que será una pelea difícil ya que en este juicio se va contra un aparato estatal que no quiere pagar el costo político de su negligencia. “Peleamos en contra la reticencia de funcionarios que son el reflejo de la colonización de la justicia por parte de la política”, enfatizó.

V. C.: ¿Mañana da inicio el juicio a las autoridades por los brigadistas que perdieron la vida al servicio de la provincia?

C. U. S.: Sí, es correcto. Mañana comienza a las 8:30 y se desarrolla hasta el 31 de octubre.

V. C.: ¿A qué parte de la familia de los brigadistas representa usted? ¿Cómo se vienen preparando para este juicio?

C. U. S.: Vamos a cumplir cinco años desde que se produjo la tragedia, represento a los padres de Martín Albarracín y de Ramiro Valdés, dos de los fallecidos. Nosotros ostentamos el carácter de querellantes, Es decir de familiares de víctimas que tienen, por ley procesal, la posibilidad de contribuir a la investigación y de participar en el juicio. Después de una larga lucha llegamos con la sensación de que nosotros luchamos contra el Estado en lugar de que el servicio de administración de Justicia nos favorezca. Es una causa muy nítida en cuanto a responsabilidades del Estado y de los funcionarios, ya sea en materia civil o penal. Se puede notar que los familiares se han visto obstaculizados en su deseo de obtener justicia primero con un fiscal que archivó la causa, después con un par de fiscales que demoraron un año y medio para abrir la investigación. Consecuentemente durante un año y medio los familiares de las víctimas no podían participar formalmente durante el proceso y después de eso los padres de las víctimas se vieron obstaculizados porque la defensora oficial, qué depende de la señora María Inés diez, plantearon que los padres no podían ser querellantes y consecuentemente se les negaba el derecho a  obtener justicia.

Después de eso otros de los querellantes también encontraron obstáculos por parte de Fiscalía de Estado y no querían que reclamen indemnizaciones dentro del juicio penal. Después de 5 años arribamos a la conclusión que aquí no peleamos en términos procesales contra los imputados. sino contra el aparato que integra el Poder Judicial y el Ministerio Público; segundo que llegan con una imputación sospechosamente leve, acá hay 4 fallecidos y tenemos una imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito excarcelable, un delito que no refleja lo realmente ocurrido. Al margen que nos sentemos del mismo bando, en la formalidad y en la virtualidad de la ley, lo cierto es que no estamos conformes con lo que hizo Fiscalía.

V. C.: ¿Quiénes son los responsables de esta tragedia?

C. U. S.: Formalmente están acusados Víctor Jesús Ola Castro, Víctor César Dagum y Roberto Durnelli, que eran los funcionarios jerárquicos que estaban a cargo de la Subsecretaría de Defensa Civil. Nosotros también denunciamos, en su momento, a Cornejo D’andrea, Ministro de Seguridad, que a mi criterio ha sido un inepto y a pesar de que murieron cuatro brigadistas, ni siquiera habilitó un procedimiento de investigación en sede administrativa. Esto habla de la intencionalidad de evitar cualquier costo político, y como es amigo de Urtubey la causa de él se archivó y no viene requerido a juicio. Acá hay selectividad a la hora de acusar y buscamos algunos perejiles en vez de los que tienen responsabilidad en mayor intensidad.

V. C.: ¿Lo que usted dice es será un juicio complicado por lo que también es ir en contra del aparato del Estado?

C. U. S.: Correcto. La prueba está indicando una responsabilidad penal de homicidio culposo. El problema es que peleamos en contra la reticencia de funcionarios que son el reflejo de la colonización de la justicia por parte de la política. Ellos no acusan como corresponde porque hay telefonazo por atrás, no puedo entender otra explicación más que esta. Esta forma de acusar tan tenue, tan leve, tan benévola, tan sospechosamente graciosa a nosotros nos indica que hay un interés político y, por supuesto, cada vez que hay interés político la impunidad se acerca.

V. C.: ¿Quiénes son los jueces que van llevar este juicio?

C. U. S.: Es un juez unipersonal, el doctor Rodríguez Pipino, juez de garantías número 4. Esto se desarrolla mañana en la sala de grandes juicios y vamos a ver cómo avanzamos. Por lo pronto la requisitoria fiscal que va a tener lectura habla solamente de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Con esta situación partimos en un marco desfavorable para con lo que es la verdad y la justicia; pero para eso estamos, para pelear y luchar. Tenemos que estar a la altura de los familiares de las víctimas porque ellos son los que sufren esta inclemencia del Estado y esta obsecuencia judicial.

Carlos Uluncha Saravia  

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