Gran Buenos Aires: hallaron y secuestraron más caños del Gasoducto NEA

BUENOS AIRES (Redacción Voces Críticas) La gran estafa del Gasoducto NEA continúa, se siguen hallando pistas y esta vez se secuestraron más caños del Gasoducto NEA en el Gran Buenos Aires.

Se trata de caños de grandes dimensiones pertenecientes al Gasoducto NEA que fueron secuestrados por la policía federal en un predio ubicado en Berazategui. Las acciones legales no se hicieron esperar y el intendente Jorge Prado, de Aguaray, pidió bozal legal pero fue rechazado por el juez Montoya.

Además, ante la solicitud del fiscal general del distrito Salta, Eduardo Villalba, fue ordenado un allanamiento por parte de Gustavo Montoya, juez federal de Orán, en el sudeste del Gran Buenos Aires, donde se recuperaron otros 12 tubos saqueados el norte salteño pertenecientes al Gasoducto NEA.

La medida fue llevada a cabo en un predio de Berazategui perteneciente a la empresa Co-Marfil, y el dato central es que su dueño, José Matías Rossi, figura como uno de los diez imputados que poseen cargos por fraude a la administración pública y robo calificado.

A tener en cuenta también que fue el 5 de junio cuando la Policía Federal secuestró 52 caños del GNEA. La medida fue realizada en Quilmes en otro predio que posee la firma.

Resumen

En las distintas medidas realizadas se van recuperando 339 tubos de la obra de interconexión regional de gas cuyos trabajos se encuentran paralizados en Salta desde diciembre de 2015.

Conforman alrededor de 5 kilómetros de los 35 kilómetros en los que está comprometido el intendente Jorge Prado por la desafectación que produjo el 23 de diciembre de 2019 con la resolución 1215.

De esta forma, Prado cedió los caños que pertenecen al Estado nacional a la empresa Osip SA, de Mendoza, argumentando que se trataba de material en desuso y contaminante. Así se explica cómo estos artículos de gran tamaño atravesaron controles de cinco provincias para terminar en el mercado negro.

La lista de imputados está conformada por el intendente Jorge Prado, el exsecretario de Hacienda de Aguaray, Freddy Céspedes, firmante conjunto con Prado de la resolución 1215. Completan el catálogo el titular de la empresa Osip, Diego Alos, hecho que podría converger en la figura de asociación ilícita.

El caso registra avances a pesar de la pandemia. Fuentes judiciales resaltan la actividad mantenida por el Juzgado Federal de Orán en este tema. Por el momento la lupa está puesta en el distrito de Quilmes, Buenos Aires afirma Villalba, fiscal coordinador del distrito Salta, en un cambio operado el pasado 18 de mayo a causa de la queja del juez Montoya por las tardanzas de la sede fiscal de Orán luego de los secuestros efecutados en Aguaray en febrero y General Mosconi, en abril.

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