SALTA.- Una pieza del género dramático se ha montado con el protagonismo de una mujer sin escrúpulos cuyo “modus operandi” transcurre acercándose a hombres exitosos a los que luego tiende una trampa judicial, en la cual en algunos casos, las falencias de las Instituciones le proporcionan una ventaja mayor aún. 

El caso del que se ocupa esta nota tiene a Amorina González como la “Mata Hari” del Poder Judicial salteño, quien hizo de la figura del Juez Federico Diez el blanco de sus ambiciones personales llegando hasta poner en juego la honra y profesión de un profesional de reconocida trayectoria en el Foro de Salta. 

Mirá también

Con una personalidad retorcida, certificada por estudios psicológicos realizados en el propio Poder Judicial que la determinaron como incapaz de desenvolverse ni siquiera en un cargo administrativo, esta González fue reprobada en su intento de ingresar como empleada al Poder Judicial, cuestión no menor, ya que siendo cosa muy comentada y popular el dudoso equilibrio neuronal de muchos magistrados, cuánto más será el de esta mujer que ni siquiera fue aceptada.  

Por si su falta de idoneidad psicológica  fuera poco, vino a ratificar su trastorno una pericia psiquiátrica que la señaló  como poseedora de una personalidad histriónica, es decir, inclinada a la teatralización y dramatización de sus acciones para impresionar a un público, tanto que fue capaz de engatusar a los Organismos defensores de género y a funcionarios judiciales poniendo en riesgo la figura de un reputado magistrado.  

No sólo le anteceden estos disloques psíquicos, sino que además la protagonista llega a este conflicto precedida de varias causas judiciales. 

Se traza así, del cuadro más preocupante de un sistema donde los funcionarios que deben atender las cuestiones de género, se demuestran permeables a que cualquier mujer con un cuadro de insanía que en ciernes pueda convencerlos de que hay un acoso o violencia donde no existe. Pero mucho más preocupante es que haya funcionarios judiciales dispuestos a militar en las causas de género en lugar de cuidar la objetividad que les demanda su cargo, como ha sido el caso de la fiscal Elisa Pérez, quien en lugar de ejercitar su obligación de acusar, se ha convertido en parte del caso que la ocupa, esto además de presiones ejercidas por altos funcionarios judiciales para favorecer a esta mujer, con lo cual se destruye el principio de garantías al ciudadano. Gracias a estos lamentables renuncios de funcionarios públicos, la dicha Amorina González luce ante la sociedad como una víctima de violencia de género, cuando en realidad, es quien ejerce violencia sobre la figura de Dr. Federico Diez, tentando con este lance aquilatar algún dinero para su bolsillo. 

Hábil y sigilosa como un áspid, esta mujer transita los pasillos del poder intimando con sus posibles víctimas, de hecho, una fuente del Poder Judicial que rogó el anonimato, confió a Voces Críticas, que González ya habría mantenido con anterioridad un “affaire” licencioso con un notable magistrado judicial. De esta manera, González, merced a la interpretación de los Organismos defensores de Género se convirtió en la heroína de una historia que es una mascarada donde hasta el Poder Judicial tomó partido, lo cual resulta un antecedente de gravedad institucional toda vez que coloca, en una situación de dudosa seguridad, en cuanto a las garantías que se le deben a los ciudadanos.  

Además, de una fabuladora consumada, González posee un prontuario de antecedentes penales, que registra causas que van desde el “Impedimento de contacto de hijo menor con padre” (Dos causas), pasando por “Daño”, “Hurto” (También estos últimos en repetidas veces)  

Una Fiscal peligrosa

Si además le faltaba un ingrediente a este caso para sazonar el desequilibrio de las Instituciones, un antecedente peligroso para los ciudadanos lo brinda la Fiscal de este caso la Dra. Elisa Pérez, quien como acusadora se debe a la imparcialidad más absoluta, principio éste vulnerado por esta funcionaria judicial, quien lejos de poner en conocimiento del juez, que ha librado pedido de captura de la González, de que la misma se halla en la causa que atiende, se niega a comunicarlo aduciendo de que ella es “fiscal de género”, por lo tanto no le compete la función de denunciar a la mujer. 

La actitud asumida por Pérez violenta el mandato del Artículo 77 del Código Penal que reclama la imparcialidad de los fiscales y omite su obligación de poner en conocimiento todos los hechos que estén relacionados con el delito, lo que se denomina “Unidad de la acción”. Frente a un pedido de captura de un juez, esta fiscal hace caso omiso. 

A pesar de haber declarado en la causa altos magistrados del Poder Judicial en favor del Dr. Federico Diez, la fiscal Pérez incurre en una desobediencia judicial al practicar una parcialidad manifiesta en contra de Diez, inventando incluso, situaciones como el caso en que por una casualidad el Dr. Diez se hallaba en su vehículo y a más de treinta cuadras de distancia del domicilio de la González en circunstancias en que ésta, junto a la fiscal Pérez, caminaban por una vereda, la fiscal lo denuncia bajo el cargo de romper la cautelar de alejamiento.

 La “González” una depredadora de funcionarios a nivel nacional

Las andanzas de Armorina González no sólo registran antecedentes en la provincia de Salta, sino que además se suma a la lista de víctimas de su proceder un funcionario político de alto rango de la provincia de Tucumán, a quien también habría envuelto en sus manejos, luego de lo cual comenzó a extorsionarlo, sólo que este habilitó un expediente de fuga de la situación más expeditivo consiguiéndole un nombramiento en la administración pública tucumana. Así, la González, mediante carpeta médica, se halla en uso de una licencia “ad eternum” viajando todos los meses a la vecina provincia, nada más que a cobrar su sueldo de extorsionadora. 

En la pericia psicológica que se le practicara para su frustrado ingreso al Poder Judicial de Salta, esta mujer reconoce que posee dicho cargo en Tucumán, el que además está corroborado por su inscripción en la ANSES. 

De esta manera, en Salta transcurre este caso donde se han invertido los roles siendo que la víctima, el Dr. Federico Diez aparece en el expediente como victimario, mientras la denunciante serial continúa impune su vida irregular amparada por los Organismos de defensa de Género y una fiscal venal, que pone en tela de juicio la imparcialidad, nada menos, que del propio Poder Judicial, Ministerio Público, como así también, de los organismos que deberían defender lo justo y lo correcto.

Por Franco Alvarado

Mirá en archivos adjuntos los documentos judiciales

Más sobre la causa Federico Diez: 

https://bit.ly/2DhYfu4

https://bit.ly/2Rl6HeX

https://bit.ly/2Ob9CVy

https://bit.ly/2PZMWJR

https://bit.ly/2AwXKKi

https://bit.ly/2RlDSzf