SALTA.- El abogado Guillermo Mauricio Alberto denuncia nuevamente que el caso del fraude de obra en la zona sureste, donde está involucrado Matías Huergo, debe ser juzgado por la Justicia provincial y no por la Justicia federal. Voces Críticas dialogó con él. 

V. C.: ¿Qué novedades tiene sobre el caso Matías Huergo?

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G. M. A.: Técnicamente no es una ampliación de la causa por facturas apócrifas. El origen de mi indignación tiene que ver con la devolución por parte de la Justicia provincial al Juzgado Federal de esa causa. Estoy denunciando hechos totalmente distintos. Lo que denuncio es la existencia de un parque llamado Independencia de la Patria, ubicado en zona sureste, en el que se hizo una licitación inicial que fue ganada por Arcadio, y este no hizo la obra que tenía que hacer, y fue certificada en su totalidad.

El primer pago a esta empresa se hace el 22 de noviembre del año 2017, dos días después se certifica que la obra había avanzado hasta un 84,26% y seis días después se certifica que alcanzó un 95% de la obra. Una obra que inicialmente fue pactada para 70 días, estaba supuestamente casi finalizada en ocho días. Se pactó la totalidad de la obra, pero uno va a ese lugar y no hay absolutamente nada. En esta oportunidad se ha pagado la totalidad de la obra a una empresa que no hizo absolutamente nada, no hay ni un foco de luz puesto, y la obra consistía en la colocación de 76 farolas dobles, tres torres de iluminación con cuatro reflectores y la construcción de un obrador. No se hizo absolutamente nada de eso y se pagó la totalidad de la obra.

Es decir que no estoy hablando de hechos de evasión fiscal, por ejemplo, lo que quiero es que la Justicia salteña investigue. Es increíble que por segunda vez se devuelva a la Justicia federal una causa que tiene que ser investigada por la Justicia provincial.

V. C.: ¿De cuánto fue el monto para realizar esta obra?

G. M. A.: Esta obra fue adjudicada por 2.300.000 pesos, el 4 de diciembre del 2017 se terminó de pagar la totalidad de la obra.

V. C.: ¿Qué cree que pasó?

G. M. A.: En mi opinión esto tiene relación con la política criminal. Los delitos de estafa en contra de la administración pública históricamente nunca fueron investigados. Estas estafas tampoco están siendo investigadas por este Gobierno. Entiendo que es trascendental decidir si vamos a seguir investigando hurtos, robos de zonas pobres de la ciudad, o vamos a investigar estos delitos que tienen tremendo impacto sobre la sociedad. Son delitos que generan enormes pobrezas. Creo que esto debe cambiar y deben investigarse estos delitos.

Sinceramente veo que hay una especie de protección y un blindaje mediático. Realicé la denuncia la semana pasada. Me llamaron de algunos medios de comunicación, pero no logran graficar la intención de la denuncia, que es que se investigue por la Justicia provincial un hecho de fraude en contra la administración pública municipal. Entiendo que la ciudadanía debe presionar a la fiscal para que investigue este tipo de hechos, este es el mensaje que quisiera que se transmita con la denuncia.

V. C.: ¿A qué funcionarios fue elevada su denuncia?

G. M. A.: Radiqué mi denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncia. Entiendo que esto tiene que pasar a la Fiscalía Penal N° 5, y por dictamen debería haberla enviado en forma automática a la fiscal de Delitos Económicos Complejos, a la doctora Guzmán y la doctora Poma que entendieron que habría la posibilidad de juzgar dos veces el mismo hecho. Esto no es aceptado jurídicamente, son cuestiones totalmente distintas y deben investigarse. Estamos hablando de un parque que nunca fue construido y fue pagado en su totalidad, además está certificada la totalidad de la obra. Son hechos completamente distintos que la Justicia por segunda vez decide no investigar. Hay una falta total de intención de investigar este hecho. Esto me parece gravísimo a nivel institucional.