Juicios por jurado: quieren implementar un nuevo proyecto
Conocé de qué se trata
SALTA.- (Redacción Voces Críticas) El Poder Ejecutivo y la Corte de Justicia de Salta quieren implementar juicios por jurados en la Salta.
El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió hoy con los jueces de la Corte de Justicia, encabezado por su presidente, Guillermo Catalano. En el encuentro analizaron el proyecto que será enviado a la Legislatura en los próximos días.
Esta iniciativa tiene el objetivo de introducir jurados populares a la Justicia penal. Para analizar el tema en profundidades se hicieron simulacros de juicios por jurados.
El juicio permite a los ciudadanos a participar en la administración de justicia. La Constitución Nacional habilita en sus artículos 24 y 118 contar con ese sistema. Ya son siete provincias que lo realizan: Mendoza, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Córdoba.
Si la ley se aprueba, los jurados populares intervendrán en casos de Homicidio Agravado y Abuso Sexual seguido de Muerte, delitos establecidos en los artículos 80 y 124 del Código Penal.
Los jurados populares se componen por 12 ciudadanos titulares y sus suplentes, ellos pueden decidir quien es culpable o no.
Participaron en la reunión, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano el vicepresidente, Ernesto Samson, el vicepresidente segundo Fabián Vittar, el juez decano Guillermo Posadas y los jueces de Corte, Sandra Bonari, Teresa Ovejero y Pablo López Viñals.
La historia
Este sistema está vigente desde la organización nacional y se convalidó en la reforma introducida a la Constitución Nacional en 1994, resultando indispensable para robustecer la credibilidad de las instituciones.
Es una alternativa que permite conjugar la precisión del saber técnico con la apreciación del saber popular.
Se produce un acercamiento del pueblo a la Justicia, que contribuye a un ejercicio responsable de la ciudadanía y la democracia.
Esto implica una mayor garantía de imparcialidad. La división entre veredicto a cargo del Pueblo y la sentencia a cargo del juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.