Chibán aseguró que el monto por el que fue indemizado por Assennato lo donará a una entidad social

SALTA.- ( Redacción) Voces Críticas dialogó en exclusiva con el diputado provincial, Héctor Chibán. Aseguró que el monto por el cual fue indemnizado por Assennato será donado a una entidad social que lo necesite.

V. C.: Diputado Chibán, Matías Assennato finalmente tuvo que responder ante sus dichos, ¿Qué fue lo que ocurrió?

H. C.: El señor Matías Assennato profirió una injuria en mi contra y mi honor encuentra protegido por el código penal de modo que debió pagar con la consecuencia del ilícito que cometió. Se Interpusieron las correspondientes acciones legales y en el marco de una mediación extrajudicial, el señor Assennato afrontó la reparación del daño moral que ocasionó; además de afrontar el daño moral, económicamente, pidió las disculpas del caso a mi familia y a mí dejando constancia que no le consta nada de lo que aseveró y, a modo de desagravio, autorizó a publicar ese acuerdo en las redes y en la prensa.

V. C.: Héctor Chibán, ¿Qué se acordó en esta mediación?

H. C.: Se acordó una indemnización por un valor de $80000 por daño moral y el costo del proceso de mediación que ronda por los $10000.

V. C.: ¿Usted va a donar este dinero?

H. C.: Sí, por supuesto. Voy a poner a disposición de este dinero a sectores que en este momento están sufriendo.

V. C.: ¿Se sabe qué entidad?

H. C.: No, lo estoy evaluando, pero ese destino lo tenía asignado antes de llegar al acuerdo. A ese dinero lo voy a donar íntegramente.

V. C.: ¿Cree que sería bueno que empiece a cambiar este modo de ver la política que es tan polarizado y que a veces es atravesado por la calumnia?

H. C.: En la vida pública estoy dispuesto a discutir todo lo que sea y no estoy de acuerdo con judicializar a la política, pero esto no tiene que conllevar a las injurias personales. Las injurias personales son una afrenta a la buena política y no estoy dispuesto a recibir esto de nadie. El que pasa el límite de proferir injurias, a título personal, va a tener que pagar las consecuencias.

V. C.: En la localidad de Aguaray, el intendente Kike Prado está imputado por la Justicia Federal como un factor responsable en la venta de los caños del NEA, ¿Por qué desde el ámbito legislativo no se ha planteado la intervención del Municipio?

H. C.: Lamentablemente, la política en Salta no da las respuestas que tiene que dar y esto viene ocurriendo desde hace tiempo, no solamente en la política sino también en la Justicia; sobre todo en la Justicia provincial que apaña a la política y, a la vez, la política apaña a la Justicia. La ética política y económica que gobierna esta provincia no solamente nos ha robado nuestra provincia sino también nos ha sustraído la democracia. Hoy todo el sistema está diseñado para blindar con impunidad a esa ética política y económica que nos gobierna desde hace 30 años. Cuando digo que nos han sustraído la democracia es porque el sistema electoral hoy está minado y la representación popular no se ajusta a lo que estrictamente elige el pueblo de la provincia. Por otro lado el sistema de controles internos, que prevé la Constitución, no existe porque en todos estos espacios la élite política y económica tiene personas que impiden los controles.

V. C.: ¿Cree que esta es una cuestión escandalosa que nos avergüenza como país?

H. C.: No me cabe la menor duda. Hoy a Salta le están llamando la atención permanentemente en muchos aspectos. El Gobierno Nacional le ha reprochado al Gobierno de la Provincia la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 255 que se ha convertido en la ley 8191. El Presidente de la Nación le está pidiendo al Gobierno de la Provincia que derogue ese decreto que ha provocado actos de tortura por parte de la Policía de la Provincia. Me llama mucho la atención este tipo de cosas, robos que de ninguna manera se pueden justificar. Hay que buscar quién es el que le está dando protección política al intendente de Aguaray. En definitiva es el Gobierno de la Provincia el que le está dando protección política y esto es lo complicado.

V. C.: ¿Es grave que desde la Legislatura todavía no se pueda plantear esto con toda la probatoria que hay?

H. C.: Desde la oposición estamos pidiendo el tratamiento de la ley de intervención, pero es el oficialismo es el que impide el tratamiento de la ley; por eso lo que digo es que el Gobierno de la Provincia le está dando protección política a este intendente que ha incurrido en ese tipo de delitos.