SALTA.- En la fecha, Julio Barrios presentó ante la Fiscalía penal un cúmulo de pruebas de donde surgiría la responsabilidad directa de la titular del gremio docente (ADP), Patricia Argañaraz, en la falsificación de títulos docentes, designaciones “a dedo” de maestros, todo a cambio de dinero. Esta denuncia se suma a la que el hermano de Argañaraz –Raúl- hizo ante un medio nacional por supuesta defraudación y estafa en el fideicomiso que llevaba adelante la construcción de viviendas para los maestros, en el llamado Complejo “Virgen de Urkupiña”.

En la denuncia, Barrios sostiene que Argañaraz, habría montado una verdadera estructura delictiva dedicada a comercializar títulos docentes y en una actitud propiamente mafiosa garantizaba nombramientos, para lo cual habría infiltrado personas de su confianza en el propio Ministerio de Educación, que actuaban como controladores en la Secretaría Técnica y en la Junta de Calificación y Disciplina. 

Mirá también

Hasta hoy, los dichos de Barrios habían sido rebatidos por Patricia Argañaraz, quien calificó lo sostenido del denunciante como de “infundios sin sustento”, pero que ahora se convierten en pruebas contundentes de lo que sería un ministerio de educación paralelo, montado y controlado desde ADP, con supuestas complicidades de personas del Ministerio de Educación de la provincia. 

En el cuerpo de pruebas presentadas por Barrios ante la Unidad de Delitos Complejos, Fraudes y Estafas se detallan los nombres de quienes participaban de esta cadena de corrupción, qué función ejercían y cuánto se cobraba por cada actuación que un docente necesitaba. 
 
 Según los dichos de Barrios la responsabilidad, al menos por omisión, alcanzaría a la propia Ministro de Educación, Analía Berruezo, ya que dada la importancia de su cargo se supone imposible que no conociera los manejos espurios que realizaba Argañaraz desde la ADP. 

Asimismo, en la dicha denuncia se detalla la ruta del dinero docente, cuánto debía pagar un docente para obtener un cargo. También se menciona la red de “captadores” que tenía Argañaraz en toda la provincia encargados de captar –precisamente- a personas que buscaban ser nombradas en la docencia. Luego se encontraban los “especialistas” que escaneaban los títulos, por lo que un docente debía pagar unos tres mil pesos.

Como caso emblemático, Barrios ofrece el caso del dueño de una academia de folklore que dándose cuenta de las maniobras hizo la correspondiente denuncia penal. Luego fue convocado por Argañaraz, quien lo convenció de dejar las cosas como estaban, hasta que ahora, se decidió a reformular la denuncia por adulteración de títulos. 

 El acusador, Julio Barrios, presentó ya con fecha 5 de junio del corriente año una denuncia sobre estos temas comenzando a ser hostigado por Argañaraz desde entonces quien lo coaccionaba a no continuar con su empeño, lo cual motivó que Barrios la denunciara ante la Fiscalía Penal 2 por coacción.

La red montada por Argañaraz, alcanzaba con sus tentáculos todas las oficinas dependientes del ministerio de educación. En cada oficina la dirigente gremial docente había colocado observadores, llegando incluso éstos a contar con oficinas propias dentro de espacios que son oficiales como las dependencias de calle Caseros al 1430.

El control de Argañaraz llegaba hasta el punto de saber quiénes ingresaban a los despachos y a qué iban al propio Ministerio de Educación, sabía a quién se le otorgaba una designación, quién controlaba la Secretaría Técnica y ella misma decidía hasta el orden de mérito que se otorgaba dentro de la propia ADP. 

En una trama tan extendida de sicarios al servicio de Argañaraz, supo ocurrir que en cierta ocasión un “recaudador” se quedó con el dinero y desde ese momento la propia secretaria general se ocupaba de designar quién tendría trabajo y quién no. 
 
Tal era el poder alcanzado por Argañaraz que llegó a imponer a la Junta de Calificación y Disciplina que inventara puntajes en los casos en que ella le mandaba para que los docentes, que pagaban, pudieran acceder a los cargos.  Así, todas las designaciones pasaban por sus manos en una maniobra tan osada, que ni el ministerio podía entregar los títulos, sino que éstos se entregaban en las oficinas de ADP.    

El expediente que contiene las denuncias de Barrios, cita también, nombres de personas que compraron los títulos, testigos, dueños de academias y los testimonios provienen del interior de la provincia donde operaba esta red como Orán, Tartagal, Joaquín V. González y Embarcación. 

La monolítica unidad de conspiración que armó Argañaraz para recaudar dinero, lucrando con la necesidad de los docentes, se partió por un desencuentro con su socia en estas maniobras, Marita Berruezo, tesorera de ADP, ya que habría existido una suerte de “mejicaneada” entre ellas, con algún importe sustancioso. 

Si bien Patricia Argañaraz se mostró prepotente y despreciativa en una parodia de conferencia de prensa, donde respondió lo que se le ocurrió, menos lo que los periodistas le preguntaron, por estas horas la contundencia de las denuncias que comienzan a aflorar la estarían cercando y sería cuestión de corto tiempo para que la Justicia obre en consecuencia.

De comprobarse la veracidad de estos hechos, se estaría ante una estafa de ribetes insólitos, perpetrada desde un sindicato, que para mayor escándalo habría sido tolerada desde instancias superiores del ministerio de educación.

Por Franco Alvarado para Voces Críticas