SALTA.-El cúmulo de denuncias contra Patricia Argañaraz, la mujer que “conduce” los destinos de la docencia salteña ya cuenta una adjudicación extraña de una casa del IPV que le fue desafectada, los fondos de las viviendas docentes, costosos viajes al exterior y un intento de hacerse transferir los terrenos que posee el gremio en la localidad de Cerrillos para el cuestionado fideicomiso. 

Además, se suma el artículo de Voces Críticas, en donde se daba cuenta de las vacaciones “Premium” que Argañaraz junto a su “socia” en las denuncias y tesorera de ADP, Marita Cerezo se tomaron en paradisíacas playas mexicanas, aparentemente junto a otros miembros de la Comisión y donde se menciona que incluso la presidente de la Junta de Calificación y Disciplina, Alejandra Rolón, habría sido de la partida. 

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Luego de la difusión de este material sobre irregularidades en la Asociación Docente Provincial, la dirigente de Tribuna Docente, Carmen Venencia, realizó la ampliación de denuncias en la Fiscalía Penal Nº 2 contra la titular del sindicato Patricia Argañaraz.

La dirigente detalló que son muchos los casos que corroboran el desmanejo económico, moral y ético.

Está el caso del exdelegado, Julio Barrios, quién ahora amplía su declaración. El hombre desmintió ser docente, afirmó que el sindicato le inventó el título y asevera que ejerció su cargo ilegalmente.

Según la sindicalista, Barrios asegura que la secretaria técnica de la cartera en su momento, Claudia Gálvez, expuso estas maniobras ilícitas y luego la sacaron del cargo para colocar en su reemplazo a Carina Wayar, quien estaba acusada de blindar el paso de documentación falsa para nombramientos truchos.

También citó la denuncia penal por parte de un vocal de la comisión de Argañaraz que agrava más aún las acusaciones de irregularidades.

Por último, Venencia se refiere a la situación que atraviesa una ama de casa, Jéssica Romina Liendro, con residencia en la localidad de Gaona. La mujer denunció a la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina y al Ministerio porque sus datos civiles se habían utilizado para crear una docente fantasma, calificada, nombrada y titularizada para un establecimiento rural en el norte provincial.

Finalmente, reiteró el pedido de investigación para la asociación, la Junta de Calificaciones y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

 

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