Ex empleados del Banco Provincia, actual Banco Macro, iniciarán una nueva demanda de un reclamo que lleva años y revelan situaciones de corrupción

SALTA ( Redacción) Voces Críticas dialogó en exclusiva con Graciela Argañaraz, integrante de los ex empleados del Banco Provincia (actual Banco Macro) que tras un cambio en la querella pasan a estar representados por el bufete de abogados del Dr. Gastón Carballo. Reabrirán el proceso de investigación en el que un gran número de empleados, de aquella entidad fueron, despedidos sin justificación alguna y sin recibir los montos de acciones que les corresponde por derecho.

Los exbancarios y extrabajadores del privatizado Banco Provincial de Salta manifestamos frente a la opinión pública:

Que el proceso de privatización del Banco Provincial comenzó en 1993 abarcando 2 gestiones gubernamentales; -Aquel proceso ocurrió en el marco de la ley nacional 23.696 del año 1989, y provincial 6.583 que es espejo de la primera, regulatorias de las privatizaciones y en el particular de los derechos de los trabajadores afectados por aquello.

Referimos algunos puntos importantes de aquellas normas: La Ley provincial 6583 previó en su artículo 17° facultar Poder Ejecutivo Provincial a disponer medidas que aseguren la ¨Participación de empleados, obreros y usuarios en la propiedad de establecimientos y entidades públicas a través de cooperativas y Programas de Propiedad Participada…¨ De hecho en el CAPITULO III, titulado ¨Régimen de Propiedad Participada ¨, artículo 44° dispuso que ¨Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad Participada… Los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia.¨, y para determinar la cuantía de aquella participación dispuso en el artículo 49° que la autoridad de aplicación elaborará un coeficiente de participación que para el caso de los empleados debía ser representativo de la antigüedad, cargas de familia, nivel jerárquico y el ingreso anual del último año actualizado.

Por si fuera poco, paradójicamente, el legislador agregó un capítulo que tituló ¨De la Protección del Trabajador¨, que dice en su artículo 63° ¨Protección del empleo. Situación laboral: En los procesos de privatización ejecutados…deberán tenerse en cuenta como criterio en el diseño de cada proyecto de privatización, evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo…¨ ¨…deberán convenir los mecanismos apropiados para salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados.¨

Finalmente el artículo 64° dispuso ¨Durante el proceso de privatización…, el trabajador deberá seguir amparado por todas las Instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo.¨

Aquellas referencias las hacemos para dejar de manifiesto que nada de lo dispuesto por las cámaras legislativas, ni hecho u omitido por los gobernadores, ni de lo dispuestos por los jueces, reflejó, nunca, la protección y el respeto de nuestros derechos, enumerados en aquellas leyes.

Es decir, como siempre, ocurrió todo lo contrario a lo que debió ocurrir: 

El 2/08/2009 la Cámara de Diputados de Salta, mediante Resolución n°229, reconoció la deuda que existía con los ex trabajadores y le requirió al Poder Ejecutivo Salteño que pague y cumpla con el ¨programa de propiedad participada¨, para con todos los ex trabajadores de empresas estatales privatizadas. Es decir, un poder del Estado reconoció la deuda y requirió su cumplimiento. Nada de eso pasó, y los jueces legitimaron todo. El exgobernador Ulloa mintió. El exgobernador Romero mintió. El exgobernador Urtubey mintió. Los sucesivos Ministros de Economía mintieron; .En especial el ex Ministro Javier Montero mintió. La Bancaria mintió. Todos, sin excepción, nos usaron, promesa tras promesa, y aquí seguimos, viendo como el Estado en sus tres poderes se nos ríe en la cara, como toda la población ya estará acostumbrada. El poder Legislativo, salvo lo antes mencionado, continuaron omitiendo lo que debían hacer con una Ley provincial incumplida flagrantemente por el Poder Ejecutivo, pero claro, todos continuaron percibiendo sus remuneraciones y beneficios eternos, en actividad, y fuera de ella. Eso es una estafa a la población entera, que con sus impuestos pagan sueldos enormes por soluciones que no existen.

El Estado entero incumplió la ley, el Poder Ejecutivo incumplió el mandato otorgado por la ley. Sus representantes mintieron y manipularon vilmente a los beneficiarios acreedores de la Provincia. Pero esto no termina allí, ante aquel panorama donde el victimario es el Estado, nos vimos obligados a iniciar acciones judiciales, para ello pusimos nuestro derecho en manos de la dirección letrada de la Dra. Luisa Susana Aramayo, quien inició un litigio en el fuero Contencioso Administrativo, que después de más de 10 años fulminó las expectativas de los exempleados. Queda para el anecdotario que la letrada contratada, luego de pagarle los honorarios de inicio y otorgarle poder, Nunca más nos atendió el teléfono, recibió, ni dio información del curso de las acciones, ni rindió cuentas ante los insistentes pedidos de muchos, ni tan siquiera respondió las cartas documento que varios de sus propios clientes debieron enviarle requiriéndole que rinda cuentas de lo actuado, lo cual es un obligación.   Acaso no siente vergüenza una profesional que sus propios clientes deban mandarle cartas documento intimándola a que dé explicaciones de lo actuado y del resultado obtenido???. ¿Alguien explicará el destino de los recursos del Banco de Salta al momento de la privatización?, ¿Alguien dará cuenta de qué pasó con los 55 millones de dólares que la provincia recibió del Banco Mundial a efectos de la privatización?, ¿Alguien dará cuenta de lo que pasó con la propiedad participada que a cada uno de nosotros nos corresponde?.¿Estaremos frente a un fraude y actos de corrupción que deberá terminar dilucidando la justicia penal?

Todos los que han ocupado cargos electivos, de gestión, legislativos, los magistrados y auxiliares, sin distinción de partido político, pero sin pasar por alto que la mayor parte de los integrantes de los distintos poderes de Salta y del Gremio La Bancaria, que se jactan de defender los derechos de los trabajadores, deberán responder ante la Justicia y la historia, sobre las acciones y omisiones destinadas a amputar el patrimonio de los trabajadores bancarios del Banco insignia de la Provincia, y serán responsables de explicar mediante un proceso de rendición de cuentas en sede penal federal del destino de cada peso administrado durante el proceso de privatización del Banco.

Recurriremos a la Justicia Federal y por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los políticos y gremialistas de Salta que se llenan la boca hablando de derechos humanos, que incumplen con igual facilidad, entiendan que los trabajadores bancarios no vamos a ser prenda de negociación de sus negocios políticos fraudulentos e inconfesables, y necesidades electorales, que afectan nuestro derecho a la propiedad, a la salud, a la integridad física y a la no discriminación.

No debe pasarse por alto, que además somos ciudadanos, contribuyentes, votantes, y además, titulares de los derechos en los que el Estado Salteño en todo su conjunto se cagó, igual que el gremio bancario.

Finalmente, como estamos convencidos de que el incumplimiento y pisoteo de los derechos de los ciudadanos por parte del Estado es algo que ningún ciudadano debiera admitir ni omitir, ya que los legisladores y gobernantes nos buscan hipócritamente previo a cada elección, y que el Estado es el que maneja el presupuesto, su ejecución y la fuerza, es que parece necesario llamar la atención a toda la población, que se siente ajena a éste reclamo, con el conocido poema de Bertolt Brecht, ya que, si bien es cierto que el pago del crédito aludido nos afecta en este caso particular a un grupo de particulares, pero la actitud violatoria de derechos por el Estado, es algo que tarde o temprano, en el pasado presente y futuro, nos va a afectar a todos.

"Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde"

Los ex trabajadores del Banco Provincial, ahora Banco Macro

En dialogo con Voces Críticas, Graciela Argañaraz, explicó que el comunicado que hicieron público los ex trabajadores del Banco Provincial brega por un derecho adquirido y no cumplido. Explicó lo siguiente: " Lo que sucedió es que el Banco Provincial es deudor de la propiedad participada, es decir de las acciones a sus ex empleados. Esto viene desde hace casi 20 años y a lo largo de todo este tiempo hubo abogados que nos representaron a los grupos de Salta y los de Buenos Aires, pero nunca se llegó a nada; lo que es peor es que la abogada, que representaba al grupo de Buenos Aires, jamás dio respuesta de nada, por eso llegamos a esta instancia buscando a otro abogado". Asimismo, contó que ahora los representará otro abogado, un especialista  en derecho laboral.

Agregó: "Con él arrancamos de otra manera con una total seguridad sobre los pasos que vamos a dar. Hoy necesitamos publicar esto para que la opinión pública sepa exactamente lo que pasa en cuanto a las respuestas que da el Estado a toda la gente porque esto nos ataña a nosotros en forma particular, pero las respuestas que da el Estado las da en general, a toda la población"

La ex empleada del Banco Provincia detalló la situación actual del Banco Provincia: "El Banco Provincial se convirtió en Banco Macro hace varios años. Todos nosotros pertenecíamos al Banco Provincial, que lo único que quedó fue la parte residual que todavía está trabajando para dar algunas respuestas en eso. Si bien hay algunas personas que trabajaron en Salta, y que siguen perteneciendo al Macro, este no es quien tiene que dar respuesta a nosotros sino el Estado Provincial"

Al ser consultada sobre cuántos trabajadores quedaron en situación complicada tras este cambio en la entidad bancaria, respondió que son muchos, cerca de 200 personas. También, sostuvo que "falta mucha gente que ha trabajado en las sucursales de los departamentos de la provincia y hay muchísimos que lamentablemente partieron esperando una solución a esto; pero hay leyes nacionales y provinciales que nos amparan. Para nosotros es muy importante que se sepa esto", manifestó Argañaraz.

Respecto a cuánto es el monto que se les adeuda, Graciela Argañaraz, explicó que se les debe la propiedad participada. Dijo que hay deudas por ítems como ser refrigerios. En este sentido afirmó que se "han pagado en forma irregular, es decir a un grupo si y a otros no; también hay otras irregularidades en las que ha caído el Banco", sostuvo.

Argañaraz, recordó que el cambio del banco Provincia a Banco Macro se dio en la época de Carlos Menem cuando se hace la reforma bancaria. "Todos los Bancos provinciales pasaron a ser sociedades anónimas de sus provincias, que después se convirtieron en Bancos privados", explicó.

Asimismo, lamentó que nunca se le haya dado una respuesta favorable a lo que sufrieron este despido, la cuál fue una situación muy dolorosa pues se llevó a cabo de la peor manera. Recalcó también que el problema mayor fue que la ex abogada - la Dra. Luisa Susana Aramayo- , que representaba al grupo, jamás dio una respuesta de nada y les cobró el ingreso al grupo diciendo que sería un juicio ganado, pero de aquella falsa promesa, pasaron ya 11 años.

Consultada sobre la situación actual de la causa, reveló que iniciarán nuevas demandas, por tal razón están dando a conocer este grave problema. "Empezamos una nueva etapa que vamos a llevar a la Justicia Penal Federal", enfatizó la ex integrante del Banco Provincia.

Informó que hay mucha gente detrás de este reclamo, que mucha gente falleció en esta agónica espera, pero que sus familias serán acreedoras de esta demanda. Indicó también, que este accionar será llevado a cabo por el nuevo abogado, el doctor Gastón Carballo y su estudio de abogados.  Muy esperanzada finalizó diciendo "sinceramente esto renovó las esperanzas que habíamos perdido. Nosotros acá hemos tenido compañeros que fallecieron en la miseria, cuando estaba todo este dinero, que el Gobierno, en su momento, contaba para pagarnos", finalizó consternada, pero esperanzada y con ánimos de que esta nueva gestión tenga el correspondido éxito.