Paula Bibini: 'No quiere decir que los desmontes sean causa directa de que suceda una inundación”

SALTA.-VocesCríticas.com entrevistó a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, para conversar sobre la partida del Presupuesto 2019
asignada a su ministerio, la situación de Salta Forestal y las inundaciones en el
norte de la provincia.

Voces Críticas: ¿Qué opina respecto al Presupuesto 2019?

Paula Bibini: En el día de hoy nos hemos acercado a la Cámara de Diputados para evacuar aquellas dudas de los diferentes legisladores referidas al proyecto de Presupuesto 2019, y a su vez alguna que otra duda referida al balance del año 2018. Este es un presupuesto que apunta fundamentalmente al sector social. Nosotros entendemos que en esta coyuntura acompañamos también la decisión del Gobernador de focalizar lo que es la educación, la salud, la seguridad y la asistencia social. En el caso puntual del Ministerio de Producción, tengan en cuenta que nosotros también generamos recursos para la Provincia a partir de inversiones privadas que se hacen respecto de nuestros recursos naturales, con lo cual, mi presupuesto, a nivel público, es mucho más acotado y ajustado, y sí dependo de las inversiones y de los proyectos que están en marcha.

V.C.: ¿En qué estado se encuentra al día de hoy la situación con Salta Forestal?

P.B.: Durante este año se percibieron los cánones, se hizo la determinación de la deuda, hubo alguna serie de observaciones por parte de los funcionarios. Nosotros estamos haciendo un relevamiento, ustedes tengan en cuenta que esto funciona, por un lado, desde el Ministerio de la Producción, pero hay una sociedad del Estado que se llama Salta Forestal, que tiene sus miembros, que también están haciendo su trabajo respecto del cobro.

V.C.: En cuanto a los desmontes, se pudo percibir inundaciones importantes, tanto en Santa Victoria como en Apolinario Saravia, ¿cómo se va a manejar ese tema?

P.B.: No quiere decir que los desmontes sean causa directa de que suceda una inundación, ni mucho menos. Nosotros tenemos gente especializada en la Secretaría de Medioambiente, que está evaluando puntualmente el territorio y determinando realmente si esto se debe a consecuencia de desmontes, pero no es una consecuencia respecto de la otra. Si estamos trabajando en lo que es la declaración de la emergencia agropecuaria, en la zona de Apolinario Saravia, nos hemos reunido con las autoridades, con los legisladores, también con los productores, quienes son los que más están siendo afectados, y en este momento hay gente de la Secretaría de Asuntos Agrarios haciendo el relevamiento para justamente determinar ese daño, ese 50 % mayor de daño que tiene que haber para poder declarar la emergencia, así que prontamente tendremos una respuesta de eso.

V.C.: ¿Qué hay respecto a la denuncia presentada en la Fiscalía hacia su persona por parte de José Villareal, quien aduce que usted tendría gran protagonismo dentro de las actividades de desmontes que se ejecutan no solo en Colonia Santa Rosa, sino también en Rivadavia Banda Norte?

P.B.: Yo soy un funcionario público, con lo cual respondo por la tarea que yo tengo a mi cargo, eso pasa a la Justicia, y la Justicia determinará si corresponde denunciarme a mí o a mi cargo, como titular. Respecto a las tareas de desmontes que un productor puede realizar en su propiedad tiene que tener el aval y el consentimiento de las autoridades pertinentes, en este caso, de la Secretaría de Medioambiente, donde se hace un análisis efectivo y se determina, de acuerdo al mapeo que nosotros tenemos y de acuerdo al estudio del uso del suelo, si es posible poder realizarlo o no, en el caso de que no contara con la autorización. Con lo cual hay que ver si la autorización fue otorgada o si se trata de un desmonte ilegal, en el caso de que se trate de un desmonte ilegal, se aplican las sanciones que corresponden, eso lo estamos haciendo a través de la agencia de protección ambiental.

V.C.: ¿Hay inspecciones?

P.B.: Hay un equipo ya constituido que está haciendo las inspecciones de manera permanente. Ustedes pueden seguir esa actividad, no solamente lo de la tala de árboles, sino también la comercialización de la madera de manera ilegal, que también lo estamos trabajando con la Dirección General de Rentas. Hay que hacer un trabajo articulado y de concientización, o sea, muchas veces hay personas que lo hacen de manera irregular, de manera ilegal, y estas cuestiones son las que nosotros, desde el Estado, tenemos que arbitrar los medios para aplicar las sanciones correspondientes, sanciones que en este caso tienen que ser ejemplificadoras, porque yo creo que en algún punto, esta decisión del Gobernador de ajustar y poner ya un paso firme respecto a que quien desmonte ilegalmente tiene que ser sancionado, es una decisión concreta y eso estamos aplicando.

V.C.: ¿El organismo encargado de rever esta inquietud debería ser la Secretaría de Ambiente?

P.B.: Es la Secretaria de Ambiente. Se hace a través de la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS), quienes son los que hacen las auditorías y el relevamiento y nosotros tenemos un área específica que se llama Fiscalización y Control, que son ellos quienes están haciendo los monitoreos satelitales y son los que están verificando a ciencia cierta quién lo está haciendo de manera ilegal, que si se detectan, se detectan y se están aplicando las sanciones, nosotros estamos haciendo ese relevamiento. Hay mucha tecnología que se compró también para poder tener los últimos sistemas, porque a veces nos pasa que organizaciones ambientales tienen mejores equipos con nosotros, también lo hacemos de manera complementaria con las organizaciones ambientales, nosotros entendemos que ellos aportan datos ciertos, a veces a cuestiones que a nosotros, desde el Estado, con la cantidad de personal que tenemos no lo podemos hacer o la tecnología que hoy se requiere para esto y ellos nos aportan información y también los privados que ven que se está haciendo un desmonte ilegal y sobre eso nosotros también aplicamos las medidas correctivas.

V.C.: Para tener en cuenta, ¿cuáles son los criterios para tener en cuenta el principio precautorio, al momento de autorizar, explotaciones mineras o de hidrocarburos?

P.B.: Primero se hace una presentación formal respecto de la constitución de las empresas, que se verifique realmente que una empresa va a generar mano de obra, y como primeros pasos, hay que presentar un estudio de impacto ambiental y social. También necesitan la licencia social, a través de una audiencia pública, en el cual los proyectos que se van a llevar adelante tengan el consentimiento de la gente, en el lugar donde vive, y por otro lado lo que se requiere son estudios de factibilidad, de manera tal que el proyecto
sea viable, que no altere tampoco el medioambiente; en un conjunto de aprobaciones, es a partir del cual se otorgan los permisos.

V.C.: ¿Qué posibilidades hay de contrarrestar los ajustes que suceden desde Nación referidos a la explotación de recursos naturales?

P.B.: Nosotros estamos en una coyuntura de transición donde obviamente había algunos fondos que venían de la Nación, de manera permanente, ahora hay que reestructurarlo, pero también hoy no es el momento para seguir ajustando, ni solicitando más impuestos y más cargas, nosotros necesitamos. Las regalías y los cánones no son impuestos generales, sino que solamente los que explotan los recursos naturales. Bueno, hoy pretendemos que se puedan desarrollar inversiones y que haya mano de obra. Entonces, tenemos que ser facilitadores y no generar mayor carga aun, ya los cánones y las regalías están establecidos, ya la Provincia percibe por eso y nosotros entendemos que también hay que facilitar, a
través de una promoción industrial y una promoción fiscal, que nuevas empresas se instalen. Tengamos en cuenta que no todas las empresas son de capitales extranjeros, hay muchas.

V.C.: ¿Cuántos ingresos se generan en cánones y regalías?

P.B.: Eso se encuentra en el Ministerio de Economía, quienes son lo que harían el relevamiento de estos datos, puntualmente nosotros, no hacemos la recaudación. Nosotros hacemos la habilitación, la autorización y el cobro se hace a través del Ministerio de Economía.