Cornejo y Astigueta rechazaron el proyecto sobre la difusión de videos en procedimientos

SALTA (Redacción Voces Críticas) El proyecto de ley que prohíbe a agentes y funcionarios públicos difundir imágenes o videos obtenidos durante procedimientos oficiales sin autorización judicial continúa sumando cuestionamientos en Salta. Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, la iniciativa abrió un intenso debate entre quienes sostienen que protege derechos personalísimos y quienes consideran que implica un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Uno de los principales críticos fue el exjuez de la Corte de Justicia de Salta, exprocurador general y exministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, quien calificó la propuesta como "absolutamente innecesaria". Argumentó que las filmaciones realizadas durante operativos constituyen una herramienta fundamental para la obtención de pruebas, especialmente en casos de flagrancia, y recordó que el ordenamiento jurídico ya contempla sanciones para los funcionarios que difundan ese material de manera ilegal.

Cornejo también manifestó su preocupación por el posible impacto que la norma tendría sobre el derecho a la información pública y el trabajo periodístico. Según sostuvo, restringir la difusión de estos registros limitaría la posibilidad de informar sobre hechos de interés general y debilitaría uno de los principales mecanismos de control ciudadano sobre la actuación policial. Además, cuestionó la falta de consultas previas con colegios profesionales, magistrados, periodistas y organismos vinculados al sistema judicial antes de impulsar la iniciativa.

En la misma línea se expresó el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, quien advirtió que el proyecto presenta aspectos que podrían derivar en su inconstitucionalidad. A su entender, exigir autorización judicial previa para divulgar imágenes de procedimientos estatales restringe el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público y afecta la dimensión colectiva de la libertad de expresión, protegida tanto por la Constitución como por los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

El especialista también alertó sobre el denominado "efecto indirecto" que la norma podría generar sobre la actividad periodística, al limitar el flujo de información desde el Estado hacia la prensa sin obligar expresamente a revelar fuentes. Para ambos juristas, la publicidad de los actos estatales debe seguir siendo la regla y cualquier restricción debe responder a criterios excepcionales, ya que de lo contrario podría debilitar el control democrático y el derecho de la ciudadanía a conocer cómo actúan las instituciones públicas.