Sin precedentes: senadores salteños dieron media sanción para un proyecto de Protección Animal

SALTA.-Senadores provinciales levantaron el pulgar y dieron media sanción al proyecto de ley que busca la creación de una Fiscalía con competencia en medio ambiente, maltrato animal y resguardo del patrimonio cultural, dependiente de la Procuración General de la Provincia.

Esta iniciativa es pionera en el país y pertenece a un grupo de legisladores encabezado por el senador Enrique Gramaglia y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy y recepta las modernas líneas de trabajo de las fiscalías ambientales integrales como el caso de las españolas, brasileras y peruanas, entre muchas otras.

Entre sus hojas tiene cuestiones esenciales y superadoras para atacar de raíz el problema ambiental. El trabajo del fiscal se basará en abordar el caso en todas sus dimensiones, más allá de las competencias administrativas, civiles, contravencionales y penales.

Estos nuevos funcionarios tendrán como obligación usar todas las herramientas técnicas, jurídicas y mediadoras para resolverlo y asegurar la protección ambiental y social, más allá de que el hecho provenga de actividad industrial, minera, de servicios públicos, domiciliarios, agrícolas, forestales o turísticos.

Otro ítem importante es que los cargos judiciales no tienen los límites de las jurisdicciones políticas sino que trabaja por cuencas hídricas, haciéndose cargo de todo el problema contaminante más allá de las fronteras municipales o departamentales, siguiendo y abarcándolo desde su origen hasta cubrir  todos los efectos perjudiciales.

Contrastando con una medida similar aprobada en Jujuy, el proyecto salteño opta por no tener justicia especializada, por cuanto se busca no recibir las objeciones que se le hace a un Juzgado Ambiental del que puede sospecharse de parcialidad “verde”.

Según la media sanción, sin precedentes en la región, los reclamos integrales contra empresas y estado de los fiscales de protección ambiental creados deberán interponerse en juzgados ordinarios, con lo cual se asegura el más pleno derecho de defensa de los imputados y demandados.

La diferencia estará dada por la calidad y especialidad de los funcionarios encargados de la investigación de los casos de daños, delitos y contravenciones ambientales, las medidas efectivas de protección que puedan solicitar y por las propuestas de reparación e indemnización que puedan exigir a nombre de los intereses generales de la comunidad salteña.