JUSTICIA
Sorpresivo: imputaron a Macri, Dietrich e Iguacel
ARGENTINA.- (Redacción Voces Críticas) Un anuncio de la Justicia dejó a todos boquiabiertos. Sucedió que imputaron a Macri, Dietrich e Iguacel.
El Presidente está denunciado por beneficiar con casi 500 millones de dólares a Ausol, una de las históricas empresas del Grupo Macri.
El fiscal Carlos Stornelli ordenó investigar luego de una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto por supuestas irregularidades.
Para los denunciantes, le significó a una de las históricas empresas del Grupo Macri una ganancia de 499 millones de dólares. Además investigaron maniobras con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
Secuestraron en la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.
El fiscal también requirió el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuración General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el CIADI por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.
Denunciaron que tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol, simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios.
Por decisión de Dietrich e Iguacel, el gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostienen.
Tailhade señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”.