San Lorenzo en caos: la impunidad y el precio de la inacción judicial ante las fiestas ilegales

SALTA (Por Julio Casanova) La reciente violencia desatada en San Lorenzo, Salta, tras una fiesta clandestina en la que dos menores fueron brutalmente golpeados, ha puesto nuevamente sobre la mesa una crítica urgente hacia la falta de respuesta de los fiscales locales. El presidente del Concejo Deliberante de la localidad, Juan Pablo Dávalos, ha sido claro en señalar que las fiestas clandestinas se han convertido en un fenómeno recurrente que no cuenta con una respuesta judicial eficaz.

El episodio dos jóvenes fueron brutalmente agredidos en el contexto de una fiesta en la localidad, que asomó a la luz pública cuando el padre de uno de los jóvenes, Rodrigo Gil, denunció que su hijo llegó a casa gravemente golpeado, después de haber sido atacado incluso cuando ya estaba en el suelo, lo que fue captado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, pone a discusión una problemática que va más allá de estas reuniones y su clandestinidad. Hay que decirlo así porque los organizadores del evento no contaban con la habilitación correspondiente, lo que agrava aún más la situación.

Si bien el ojo de la atención ahora se ubica sobre este episodio, detrás comienza a surgir que también se habrían registrado incidentes de violencia fuera de otras fiestas en San Lorenzo, como la Hallowfest, celebrada el 3 de noviembre, donde se suma el ingrediente que motivó la "batalla campal", fue el intento de robo por parte de un grupo de menores que esperaba a los asistentes a la salida del evento. Es decir, además de los episodios violentos que sobrevienen en estas fiestas, se suma el robo en banda practicado por menores, lo cual configura una cuestión social bastante más grave.

Esto último grafica de que ya se está frente a un problema más amplio en la zona donde además estarían fallando el control y la falta de medidas de seguridad, que ponen en riesgo la integridad de los jóvenes y la tranquilidad de la comunidad.

A pesar de las ordenanzas locales que multan con sumas millonarias a quienes alquilan propiedades para este tipo de eventos, la situación persiste debido a la falta de acción por parte de los fiscales y jueces. Según Dávalos, la policía se encuentra "atada de pies y manos", pues su intervención en estos eventos depende de la autorización de los fiscales o jueces, quienes rara vez toman decisiones firmes para clausurar o desalojar los lugares.

La cuestión, entonces, pone de manifiesto un claro punto de fricción en la cadena de respuesta ante las fiestas clandestinas y la falta de acción o de respaldo judicial para frenar estos eventos, que revela una profunda insatisfacción con la actuación de los fiscales, quienes, según Dávalos no responden adecuadamente a las solicitudes de intervención en las fiestas ilegales.

Se configura así una situación paradójica, donde quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley, estarían con su ausencia, obstaculizando el trabajo de quienes tienen que poner en marcha los mecanismos que la ley misma impone; es decir, a la policía que no puede ejecutar el desalojo de los participantes, como primera medida preventiva.

Siempre al decir de la autoridad del Concejo Deliberante, la situación se resuelve aún más compleja, porque antes de los sucesos de violencia, ya se viene configurando una cadena de contravenciones que comienza con la violación de la ordenanza que regula los ruidos molestos y las multas que a esto le corresponde.

Como sea, esta noticia, hoy revela la existencia de una conducta recurrente en esto de organizar fiestas clandestinas, sumando que al decir de vecinos de San Lorenzo, existen viviendas que se alquilan al sólo efecto de celebrar estas reuniones donde el consumo de alcohol, al menos es indiscriminado.

Resulta significativo que a pesar de que las multas establecidas para esos casos suman cifras millonarias, las fiestas clandestinas continúan realizándose con “total normalidad”, evidenciando una desconexión entre la normativa y la ejecución real de la ley.

Un problema institucional

La denuncia de Dávalos, sugiere que el elemento clave y discordante es la falta de respuesta de los fiscales y jueces ante situaciones claras de riesgo, como el consumo de alcohol y hasta posiblemente de drogas en menores. La ausencia de una postura más rígida por parte de los fiscales es lo que ha dado a esta actividad ilegal la percepción de cierta impunidad, de la que se valen los organizadores para lucrar con esta peligrosa forma de divertimento.

En suma, la cuestión de la violencia entre jóvenes en San Lorenzo, tiene como “base operativa” las fiestas clandestinas que se realizan en casas privadas, y todo el problema se hace más grande con la descoordinación entre el poder judicial y el ejecutivo local, que afecta la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Es imperativo que las autoridades judiciales actúen con mayor celeridad y firmeza, para evitar que estos episodios sigan repitiéndose y para garantizar la seguridad de la comunidad en San Lorenzo. Las leyes están, pero la falta de implementación efectiva pone en evidencia un claro fallo en la cadena de responsabilidades. Informa Voces Críticas.