Inicia el juicio por fraude en la ADP: 120 familias sin hogar por estafas en un fideicomiso

SALTA (Redacción Voces Críticas) Este lunes comienza en la Sala VI del Tribunal de Juicio el proceso penal contra los exdirectivos de la Asociación Docente Provincial (ADP) involucrados en un caso de fraude y estafas vinculadas al fideicomiso "Virgen de Urkupiña".

La exsecretaria general de la ADP, Patricia Argañaraz, y su extesorera, Marita Cerezo, enfrentan cargos como coautoras de delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas en 29 hechos, en una causa que ha dejado a más de 120 familias sin su anhelada vivienda propia.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, lidera la acusación, mientras que el juez José Luis Riera dirige el debate oral y público. Este juicio es parte de un proceso judicial de doble vía, que contempla tanto la justicia penal como la civil, en un intento de brindar respuestas a las familias afectadas. La representación de un grupo de 73 damnificados, a cargo del abogado Eduardo Romani, ha puesto de relieve la necesidad de una reparación no solo judicial, sino también económica, a fin de que las víctimas puedan recuperar su inversión.

En el juicio también están imputados Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, señalados como partícipes necesarios en la administración fraudulenta y como coautores de las estafas. De acuerdo con la defensa de los afectados, la responsabilidad de la ADP en este caso es ineludible, dado el papel de varios de sus dirigentes en la administración del proyecto que nunca llegó a materializar las viviendas prometidas.

Romani ha subrayado la importancia de que se haga justicia en ambos frentes: que el fallo penal resuelva sobre la culpabilidad de los involucrados y que el ámbito civil permita a las familias damnificadas la recuperación del capital invertido en el fideicomiso. Según el abogado, el objetivo principal de las familias es restituir sus recursos y, sobre todo, ver concretado el sueño de la vivienda propia, un sueño que consideran fue frustrado por una gestión que califican de negligente y fraudulenta.

La prolongación de las audiencias hasta finales de noviembre hace prever un debate extenso, en el que se esperan revelaciones sobre la gestión del fideicomiso y el rol de la ADP. Las expectativas de las familias son altas, ya que ven en este juicio una oportunidad para finalmente obtener justicia y la reparación que consideran justa frente a una administración que, según denuncian, falló en su compromiso con la comunidad. Informa Voces Críticas.