Una concesionaria salteña deberá pagar millones por no entregar un auto a tiempo

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Justicia falló a favor de un consumidor y condenó a una concesionaria y a una administradora de planes de ahorro a pagar más de cinco millones de pesos por la demora en la entrega de un vehículo. La sentencia, emitida por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, incluyó indemnización por daño moral y sanciones por incumplimiento contractual, luego de que el hombre esperara casi dos años para recibir el auto que había sido adjudicado en un plan de ahorro.

El caso se remonta a febrero de 2021, cuando el cliente fue notificado de la adjudicación de un automóvil nuevo. Sin embargo, el entusiasmo por la adquisición se convirtió en frustración cuando, pasados cinco meses, el vehículo aún no le había sido entregado. Ante la situación, el adjudicatario envió cartas documento tanto a la concesionaria como a la administradora del plan de ahorro exigiendo la entrega.

Luego, en septiembre de ese año, acudió a la Secretaría de Defensa del Consumidor, donde se realizó una audiencia conciliatoria. A pesar de que la administradora fue multada en esa instancia, el auto no fue entregado hasta enero de 2023, prolongando la espera casi dos años desde la adjudicación.

El consumidor, insatisfecho con el servicio, decidió iniciar una demanda judicial. En un primer fallo, el tribunal condenó a la concesionaria administradora del plan de ahorro a pagarle medio millón de pesos por daño moral y una suma similar como sanción. Sin embargo, al considerar que la decisión no compensaba adecuadamente los perjuicios, el cliente apeló.

En su revisión, las juezas María Inés Casey y María Silvina Domínguez, integrantes de la Sala III, observaron que el sistema de planes de ahorro implica la interacción de varios actores, como la concesionaria, la administradora de fondos y el fabricante, lo cual requiere claridad en la comunicación con los consumidores.

Las magistradas destacaron que las empresas no cumplieron con el deber de informar de manera transparente, ya que el contrato contenía cláusulas difíciles de comprender que imponían responsabilidades al cliente. Señalaron, además, que todo consumidor que adquiere un vehículo tiene el derecho a utilizarlo, y que los proveedores deben responder ante cualquier retraso injustificado en la entrega.

Al aceptar el recurso de apelación, la Cámara decidió incrementar el monto por daño moral a dos millones de pesos y fijó una indemnización adicional de tres millones en concepto de daño punitivo. También impuso una multa adicional a la administradora y la concesionaria, cuyo valor será determinado en la etapa de ejecución de la sentencia. Informa Voces Críticas.