Tras un nuevo fallo judicial, el peaje Cabeza de Buey deberá afrontar otro embargo millonario

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Justicia ordenó un nuevo embargo por 150 millones de pesos a la empresa Corredores Viales S.A., que administra el peaje Cabeza de Buey, debido a su incumplimiento en la reparación de un tramo de la ruta nacional 9/34 entre Metán y Yatasto, en el sur de Salta. La medida incluye también un monto adicional de 30 millones de pesos en concepto de accesorios legales y fue dispuesta por el juez Sebastián Fucho del Tribunal de Juicio de Metán.

El conflicto se remonta a una resolución judicial de febrero pasado, cuando el juez Fucho ordenó, a la empresa encargada de dicho peaje, la reparación urgente de un tramo de 12 kilómetros de la ruta, en respuesta a un recurso de amparo presentado por la concejal de Metán, María José Bernis, y el intendente, José María Issa.

Los denunciantes argumentaron que el mal estado de este acceso, lleno de baches y desniveles, representa un riesgo para la seguridad vial de la zona. A pesar de los plazos fijados por la Justicia, la empresa estatal, controlada en un 51% por el Ministerio de Obras Públicas (actualmente Ministerio de Infraestructura) y en un 49% por la Dirección Nacional de Vialidad, no cumplió con la disposición, alegando problemas operativos.

Como resultado, el juez Fucho estableció en abril pasado una multa diaria de 2,5 millones de pesos, aunque esta sanción no se hizo efectiva debido a que Corredores Viales S.A. dejó de utilizar sus cuentas bancarias habituales, lo que dificultó la aplicación de la medida. Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, el juez optó por embargar directamente la recaudación diaria del peaje Cabeza de Buey, destinando los fondos a una cuenta judicial con el propósito de financiar las obras de reparación.

Este nuevo embargo eleva la cantidad total retenida a 150 millones de pesos, a la que se suman otros 75 millones recaudados en una etapa previa, mientras las autoridades locales esperan que estos recursos se utilicen para mejorar las condiciones de la ruta y garantizar un acceso seguro a Metán. Además, el juez Fucho ha convocado a una audiencia entre las partes, prevista para el 25 de este mes, con el fin de avanzar en la resolución del conflicto.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que la Dirección Nacional de Vialidad, copropietaria de Corredores Viales S.A., está en proceso de privatización, lo que añade complejidad a la situación de esta empresa pública y su papel en la administración y mantenimiento de las rutas bajo su concesión. Informa Voces Críticas.