Intervenciones municipales: Después de Morillo ¿Quiénes podrían seguir en la lista?

SALTA (Por Julio Casanova) La reciente intervención al municipio de Morillo, un pequeño bastión político en el norte salteño, donde su histórico intendente, Atta Gerala, terminó acusado de delitos graves como el robo y contrabando de rieles ferroviarios hacia Bolivia, puso de relieve un mensaje contundente: la tolerancia hacia la corrupción y el desorden administrativo está llegando a su fin con las políticas de orden implementadas por el gobernador, Gustavo Sáenz.

La lupa sobre los municipios

Sabido es que desde el Ejecutivo nacional, la directriz es clara. Provincias y municipios deben sanear sus cuentas y garantizar transparencia, o arriesgarse a perder recursos nacionales clave para su sostenimiento. Este esquema de ajuste administrativo tiene como fin no sólo garantizar un uso eficiente de los fondos públicos, sino también enviar un mensaje político de autoridad y control en un contexto donde el malestar social crece, especialmente en zonas históricamente postergadas.

La situación en Salta no es la excepción, y varios municipios están en la mira:

Pichanal y la sombra del descontento social
El caso de Pichanal es uno de los más críticos. Bajo la administración de otro intendente histórico, Julio Jalit, el municipio enfrenta una creciente crisis social, exacerbada por la ausencia del intendente en los momentos más difíciles. La muerte de un bebé, recientemente, en medio de este caos encendió las alarmas sobre la capacidad de gestión local y dejó en evidencia un abandono del rol estatal.

Cafayate: Más irregularidades bajo la lupa

El municipio de Cafayate, liderado por Rita Guevara, también enfrenta cuestionamientos severos. La Auditoría General de la Provincia recibió denuncias del Concejo Deliberante que señalan faltantes millonarios en la rendición de cuentas de la última edición de la Serenata a Cafayate, sumados a un caos administrativo que ha llevado a renuncias masivas de funcionarios clave, además de continuas huelgas del personal municipal, el abandono en el mantenimiento del pueblo y una generalizada sospecha de mala administración de los recursos. El municipio le adeuda a la provincia, nada más que por adelanto por la edición 50 de Serenata, la friolera de 65 millones de pesos.

Hipólito Yrigoyen y un caso de vieja escuela

En ese municipio, la intendente, Soledad Cabrera, enfrenta un panorama aún más complicado, con denuncias por malversación de combustibles, según las cuales ella y sus familiares abastecerían sus vehículos en los tanques de la municipalidad y supuesta sobrefacturación de lubricantes, que ascienden a 25 millones de pesos, son apenas la punta del iceberg. Cabrera, cuya trayectoria incluye roles cuestionados en gestiones anteriores, como haber sido jefa de compras del -ahora ex intendente- de Orán, Pablo González, que dejara el municipio con una deuda cercana a los mil millones de pesos, parece arrastrar un estilo de administración plagado de irregularidades.

El zorro pierde el pelo, pero no las mañas

El denominador común en estos casos es una estructura política que durante años se basó en la impunidad y en prácticas cuestionables. Sin embargo, el actual contexto político de riguroso orden aplicado por el gobernador, Sáenz,  y las exigencias nacionales están marcando un giro que promete reconfigurar las relaciones de poder en los municipios.

Con municipios como Pichanal, Cafayate e Hipólito Yrigoyen en la picota, la intervención de más jurisdicciones parece generar nubes en el horizonte de otras administraciones, dejando en claro que en este nuevo esquema no hay lugar para desorden ni corrupción. El desafío será garantizar que estas acciones no sean sólo cosméticas, sino que impulsen una transformación genuina en la gestión pública.  Informa Voces Críticas.