Proponen que funcionarios públicos salteños deban someterse a controles antidroga periódicos

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Legislatura de Salta analiza un proyecto de ley que podría cambiar las reglas del juego en la administración pública provincial. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Esteban Romero, propone implementar controles antidroga obligatorios para funcionarios públicos, abarcando tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y la Policía.

De ser aprobado, el proyecto exigirá la realización de rinoscopias y análisis bioquímicos periódicos, con el objetivo de detectar el consumo de sustancias ilegales y garantizar la ética en la función pública.

El alcance del proyecto es amplio, incluyendo al Gobernador, ministros, subsecretarios, legisladores provinciales y policías hasta el rango de subcomisarios. En caso de resultados positivos, se prevé el cese inmediato para los funcionarios designados y la revocación del mandato para los electos, en línea con los procedimientos constitucionales de la provincia.

La propuesta de los controles antidroga tiene como ejes principales fortalecer la ética en la gestión pública y combatir el narcotráfico desde las instituciones. Según lo planteado, se busca evitar que funcionarios puedan estar relacionados con el consumo de estupefacientes, una práctica que, además de socavar la confianza ciudadana, podría vincular a los representantes públicos con actividades delictivas.

El Ministerio de Salud será el organismo responsable de coordinar los controles, los cuales se llevarán a cabo en hospitales públicos de la provincia. En caso de que un funcionario obtenga un resultado positivo, tendrá derecho a solicitar una contraprueba dentro de un plazo de diez días hábiles, asegurando el respeto por la confidencialidad y la defensa de los afectados.

La propuesta de Romero también incluye la invitación al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los municipios de Salta a adherir a esta normativa, ampliando así su alcance a toda la administración pública provincial. De aprobarse, este proyecto podría establecer un precedente importante en la lucha por una gestión pública ética y transparente. Informa Voces Críticas.