FRANCO ALVARADO
El intríngulis chíngulis que provoca Daniel Moreno: ¿Se puede ser candidato cuando se es acusado de abuso sexual?
SALTA (Por Franco Alvarado) Si no fuera porque en realidad encierra una tragedia moral como es estar imputado y a punto de ir a juicio acusado de abuso sexual, el caso Daniel Moreno, intendente de Vaqueros, contiene todos los ingredientes de un sainete grotesco.
El caso de Daniel Moreno, es merecedor de un análisis detallado y ofrece varias aristas. La primera es sin duda política. ¿Cómo es posible que alguien que juró trabajar durante cuatro años para los vecinos de Vaqueros, ahora abandone el cargo dejando al garete la gestión? Porque si Moreno ganara la elección como senador por el departamento de La Caldera, el pueblo de Vaqueros quedaría en manos de alguno de los concejales que son todos opositores. Lisa y llanamente, esto es una burla para sus electores.
La otra pregunta que surge, es ¿Por qué designó como su candidato al senado a un lugarteniente suyo -Max Dahas-, le hizo colocar una gigantografía suya en el ingreso del pueblo que todavía está y de la noche a la mañana, lo baja para colocarse en su lugar? De ir a juicio ¿Busca acaso protegerse en los fueros parlamentarios?
Como se ve, la situación, en sí misma, plantea una serie de interrogantes éticos, institucionales y judiciales que no pueden eludirse, más aún en un contexto donde el descrédito de la política y la justicia es un dato preocupante de la realidad argentina. Con esta actitud, el intendente, Daniel Moreno, lo salpica al propio gobernador, Gustavo Sáenz, dejándolo en la incómoda posición de ser tolerante a todo.
Que un intendente elija no finalizar su mandato para ocupar otro cargo no es en sí ilegal. Pero ¿Cuál es el mensaje para la comunidad? ¿Puede entenderse que la función para la que fue electo ya no tiene valor si aparece una oportunidad de escalar políticamente? ¿Qué ocurre con la confianza de los votantes?
Una campaña en medio de una causa judicial
Más complejo aún es que esta campaña se desarrolle con un proceso penal en curso. Daniel Moreno ha sido denunciado por abuso sexual simple, y si bien toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, lo cierto es que el juicio está elevado y tendría fecha asignada. No se trata, por tanto, de una causa en investigación o archivada. Se trata de un caso que ha seguido su curso judicial y se encaminaría a juicio oral, si todo se diera por los carriles correctos.
Declaraciones públicas sin sustento documental
En lo que podría considerarse que es una violación a la veda electoral, Moreno, ya inició su campaña con spots y hasta una locreada popular para celebrar su cumpleaños, pero además, en declaraciones a medios locales, el intendente ha asegurado que “la causa es una mentira” y que “la Corte de Justicia ya desestimó el juicio”. Sin embargo, no ha exhibido ningún documento, fallo, ni resolución oficial que respalde sus dichos. Una afirmación de esa magnitud, sin prueba alguna, compromete seriamente no sólo a la transparencia del candidato, sino también a la percepción pública sobre el sistema judicial. O sea, Moreno, salpicaría al gobernador Sáenz y al sistema judicial. Flaco favor les hace a los Poderes del Estado.
En una república seria, cuando se menciona una resolución judicial, debe exhibirse el documento correspondiente. De lo contrario, la declaración queda en el plano de la especulación o la desinformación.
Afirmar que una causa fue desestimada por la Corte sin respaldo documental podría, en ciertos contextos, constituir una forma de desinformación maliciosa o de manipulación política del proceso judicial. No sólo puede generar confusión en la ciudadanía, sino que deja al sistema judicial en una posición incómoda: ¿se insinúa acaso que la Corte cerró la causa por razones no expresadas públicamente? Los dichos públicos de Moreno, sin presentar un documento que los avale, podría significar para la ciudadanía un mensaje de que los jueces violentan la ley.
Este tipo de afirmaciones sin sustento, en tiempos de desconfianza institucional, no hacen más que alimentar sospechas y debilitar el pacto republicano entre poderes.
Más allá de la cuestión legal, lo que está en juego es la confianza pública. Un candidato que asegura que su causa fue desestimada sin mostrar la resolución que lo pruebe, ¿está siendo transparente? ¿Puede un funcionario en funciones desacreditar así un proceso judicial sin consecuencias? ¿No debería, en todo caso, preservar el debido proceso y esperar el resultado institucional antes de declarar su inocencia de forma concluyente?
Al expresar el intendente Moreno, que la “causa fue armada para perjudicarlo políticamente”, está echándole tierra a todo el proceso judicial. El ciudadano puede preguntarse entonces ¿Acaso, todo el proceso judicial, las notificaciones, las intimaciones, los peritajes realizados, las desestimaciones y la notificación de la elevación a juicio, son un invento de los funcionarios judiciales? Si la causa fue inventada como dice Moreno, entonces ¿Todo el aparato judicial está complicado en una maniobra en contra suya?
En definitiva, el caso del intendente Daniel Moreno abre una discusión mayor: la necesidad de que las candidaturas sean no sólo legales, sino legítimas, éticamente sostenibles y respetuosas del sistema democrático. La presunción de inocencia es un derecho, pero también lo es el derecho del pueblo a una información veraz y completa. Todo esto, sin contar que viola el principio de “Ficha Limpia”.
Decir la verdad en política es un acto de respeto a la ciudadanía. Y si se afirma públicamente que la Corte desestimó un juicio, la comunidad tiene derecho a ver ese documento. Porque en democracia, no se gobierna por palabra, sino por hechos. Será entonces cuando el intendente -o ya “ex intendente” de hecho-, Daniel Moreno, exhiba el documento probatorio que la ciudadanía podrá comenzar a creer en lo que dice. Caso contrario, quizás, se halle ante la posibilidad de ser denunciado por el mismo sistema judicial que estaría siendo difamado.
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