VIOLENCIA INFANTIL
Caso Casita Feliz: condenaron a seis ausadas por incumplimiento de deberes y atentar contra el bienestar infantil
SALTA (Redacción Voces Críticas) La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro de Salta emitió un veredicto condenatorio contra una coordinadora y varias operadoras del hogar Casita Feliz, tras una investigación que reveló sospechas de prácticas perjudiciales para los menores alojados en el establecimiento. El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, representó al Ministerio Público Fiscal en este proceso.
La investigación en el hogar de menores se centró en las acciones de las acusadas, que presuntamente vulneraron el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado. Las sospechas llevaron a la imputación de la coordinadora y ocho operadoras como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Pública Provincial.
Durante los alegatos, el fiscal Ramos Ossorio mantuvo la acusación contra las nueve imputadas, solicitando una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por 4 años para la coordinadora, identificada como Guillén. Para las demás acusadas, solicitó una pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación especial.
No obstante, el juez que llevó a cabo el juicio por el caso Casita Feliz, Leonardo Feans dictaminó la condena de Marta Alicia Guillén a 2 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ejercer la función pública por 4 años y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de 4 años, incluyendo la realización de capacitación específica sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, Marcela Ivana Cáceres, Marcela Estela Tacacho, Jorgelina Tomasa Alfaro, Jesica Tamara Pallares y Tania Virginia Bisceglia fueron condenadas a 1 año y 6 meses de prisión condicional, 3 años de inhabilitación especial para ejercer la función pública y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de 3 años, también con la obligación de capacitarse en derechos de la infancia.
En el mismo fallo, María Emilia Elías, Camila de los Ángeles Guzmán y Claudia Alejandra Mendieta fueron absueltas por el beneficio de la duda. Este juicio reabrió el debate sobre los mecanismos de controles institucionales en dispositivos de resguardo infantil y el rol del Estado en la protección de derechos de la infancia. Informa Voces Críticas.