Caso YPF: una jueza de EE.UU. ordenó al Estado entregar mensajes privados de Luis Caputo y Sergio Massa

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El juicio por YPF sumó un nuevo capítulo judicial que volvió a incomodar al Gobierno argentino. La jueza Loretta Preska, del tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar correos, mensajes privados y comunicaciones de los dos últimos ministros de Economía: el actual, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. El requerimiento incluye también información sobre otros funcionarios y empresas estatales.

Esta medida forma parte del proceso de discovery, una instancia clave en el juicio por YPF, donde los demandantes buscan probar el concepto de “alter ego”: es decir, que la petrolera y el Estado operan como una misma entidad. Si logran convencer al tribunal, podrán avanzar con embargos sobre activos estatales para cobrar el fallo millonario.

La solicitud incluye mensajes enviados desde cuentas oficiales y personales, tanto por correo electrónico como por WhatsApp u otras plataformas. También se pidió información de entidades como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Enarsa, todas ellas consideradas como posibles instrumentos del Estado para sustentar la idea de control total sobre YPF.

Desde la Procuración del Tesoro, el organismo que representa legalmente al país, rechazaron el pedido y aseguraron que “viola las leyes de Argentina y de Estados Unidos”. En un comunicado, remarcaron que el país ya entregó más de 100.000 páginas de documentación, incluyendo datos de cuentas financieras en múltiples jurisdicciones. Advirtieron además que Burford Capital —el fondo británico que compró los derechos del litigio— está utilizando el proceso judicial como mecanismo de presión.

“El discovery ordenado vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos embargables”, afirmaron. A su vez, señalaron que el fondo “está abusando del sistema judicial para entorpecer los esfuerzos de reconstrucción económica del país”.

El objetivo de Burford Capital es claro: cobrar los más de USD 16.000 millones que exige el fallo de primera instancia, una cifra que ya supera los USD 17.500 millones si se suman los intereses. En paralelo a la apelación del fallo principal, la jueza Preska permite avanzar con distintas estrategias, entre ellas la del “alter ego”, para identificar bienes estatales susceptibles de embargo.

La defensa argentina sostiene que los funcionarios no están obligados a entregar comunicaciones privadas y que muchos de los dispositivos o cuentas solicitadas ya no existen o no contienen información relevante. Sin embargo, los demandantes insisten en que no puede afirmarse que “no hay nada” sin entregar pruebas, y apuntan que si se borró información, podría considerarse un intento de obstrucción.

El juicio por YPF se inició tras la expropiación de la empresa en 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, y atraviesa ya cuatro gestiones presidenciales. Hasta el momento, todos los gobiernos —desde el kirchnerismo hasta el actual de Javier Milei— han rechazado la posibilidad de negociar una salida extrajudicial con Burford.

Desde el Ejecutivo actual aseguraron que mantendrán esa postura. “No se va a negociar nada. Vamos a agotar todas las instancias judiciales posibles”, señalaron fuentes cercanas a la Casa Rosada.

Mientras tanto, el proceso avanza y las nuevas exigencias de la jueza Preska ponen en alerta a funcionarios actuales y pasados. No se descarta que el Gobierno argentino apele esta medida puntual para intentar frenar la entrega de información personal y restringir los alcances del discovery. Informa Voces Críticas.