Convención Constituyente en la mira: polémica por gastos millonarios en Rosario de Lerma

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Convención Constituyente de Rosario de Lerma aún no comenzó a sesionar y ya está envuelta en la polémica. Lo que debería ser un órgano ad honorem y austero amenaza con transformarse en un fuerte gasto para los vecinos: algunos convencionales impulsan un presupuesto cercano a los 44 millones de pesos para apenas tres meses de trabajo.

El jueves será la primera sesión de la Convención de Rosario de Lerma, que se reunirá dos veces por semana durante 120 días, es decir, 24 jornadas en total. Si prospera la propuesta, cada reunión costaría más de 1,8 millones de pesos, un número que genera rechazo social en medio de la crisis económica.

El documento que circula entre los convencionales incluye ítems como sueldos para asesores y secretarios privados, compra de computadoras e impresoras nuevas cuando el municipio ya cuenta con equipamiento, celulares, alquiler de oficinas, refrigerios y hasta la impresión de cientos de ejemplares de la futura Carta Orgánica. Para muchos vecinos, la lista parece más un catálogo de privilegios que una necesidad real para cumplir con la tarea de redactar el nuevo texto institucional.

El intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, cuestionó con dureza el planteo y lo consideró una contradicción con el espíritu de austeridad que debería guiar a la Convención. Recordó que en otros municipios de la provincia se llevaron adelante convenciones constituyentes sin que los convencionales cobraran honorarios. “Mientras la comunidad reclama gestos responsables, destinar semejante suma a una convención de apenas 24 sesiones es visto como una falta de respeto hacia los vecinos”, advirtió el jefe comunal.

El debate de fondo gira en torno a la interpretación del artículo 146 de la Carta Orgánica, que establece que los convencionales deben percibir la misma dieta que un concejal. Para el convencional Juan Domingo “Lamparita” Córdoba, impulsor del millonario presupuesto, trabajar ad honorem sería ilegal. Sin embargo, su insistencia alimenta sospechas políticas: durante años fue proveedor de la municipalidad en gastos protocolares y de confitería, un rubro que la actual gestión recortó en busca de mayor transparencia.