Golpe judicial al Gobierno: restituyen pensiones por discapacidad tras amparos impulsados por Sergio Leavy

SALTA (Redacción Voces Críticas) El senador y dirigente salteño Sergio Leavy difundió en sus redes un video en el que sostuvo que el Gobierno Nacional “tuvo que acatar” una resolución judicial que ordena restituir pensiones no contributivas por discapacidad. “Es un día de gran alegría… Vamos que podemos frenar la motosierra de Milei”, expresó, al mencionar presentaciones de amparo realizadas –según dijo– en Catamarca, Formosa, La Rioja y Salta.

La referencia del dirigente alude al expediente FSA 11355/2025 del Juzgado Federal de Salta N°2 (Secretaría del Dr. Zigarán Sosa), caratulado “Flores, Milagros Itatí y otros c/ ANDIS s/ amparo colectivo”. En la resolución, fechada 24 de septiembre de 2025, el tribunal hizo lugar parcialmente a una medida cautelar innovativa y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en 48 horas, reestablezca la pensión por invalidez a ocho actores identificados en la causa (Flores, Vargas, Tolaba Díaz, Villa, Sandobal, Valdez, Algarín y Gutiérrez), hasta la sentencia definitiva.

El fallo remarca que se trata de personas en situación de vulnerabilidad y que están comprometidos derechos de naturaleza alimentaria (salud y vida digna). Por eso, el juez prescindió del informe previo del Estado (art. 2 inc. 2, Ley 26.854) y valoró el fumus bonis iuris y el peligro en la demora. En paralelo, rechazó tramitar el expediente como acción colectiva: la medida no se extiende a todos los beneficiarios de la Provincia, sino solo a los ocho actores que acreditaron su situación. Además, el reclamo por retroactivos quedó diferido para la sentencia de fondo.

En su video, Sergio Leavy aseguró que la restitución alcanzará a “109.000 pensiones” a nivel nacional. Esa cifra fue presentada como afirmación política del dirigente y no surge del texto de la resolución salteña, que se ciñe a los casos individuales mencionados. El legislador destacó que su equipo patrocinó el amparo en Salta y mencionó presentaciones similares en otras provincias.

Desde el entorno del senador señalaron que la decisión judicial salteña podría servir de antecedente para planteos similares y reclamaron que el Gobierno Nacional y la ANDIS garanticen procedimientos de auditoría “con notificación efectiva y sin vulnerar derechos”. En tanto, la causa principal seguirá su trámite hasta una resolución definitiva sobre la validez de las suspensiones y eventuales pagos retroactivos. Informa Voces Críticas.