El Gobierno eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de treinta años estableció el marco regulatorio para los aranceles y la vinculación entre el Estado y los colegios de educación pública de gestión privada en la Argentina. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida implica la eliminación del sistema de control estatal sobre los valores de matrículas y cuotas que cobran los colegios privados. De esta manera, las instituciones ya no deberán informar anticipadamente los montos ni solicitar autorización para modificarlos.

Según los considerandos del nuevo decreto, el esquema derogado “contenía limitaciones que dificultaban la capacidad de los institutos privados para adaptarse a las condiciones económicas y educativas del país”. El texto recuerda que el sistema había sido instaurado en la década de 1990, cuando la educación estaba bajo administración nacional, y que la transferencia de competencias a las provincias hace necesario “revisar el marco normativo para favorecer una gestión más eficiente y sostenible”.

Entre los argumentos oficiales, el Ejecutivo sostiene que la intervención estatal en la fijación de aranceles “generó efectos contraproducentes” que afectaron la viabilidad económica de los establecimientos. También señala que la obligación de comunicar los valores con antelación “limitaba la capacidad de respuesta frente a las variaciones del mercado y los costos operativos”.

El decreto argumenta, además, que este sistema “terminaba impactando en las familias”, ya que las instituciones tendían a fijar cuotas más altas al inicio del ciclo lectivo por la incertidumbre que generaban los controles. En consecuencia, algunas familias se veían obligadas a cambiar de escuela ante el aumento de los aranceles.

El texto también hace referencia al derecho de propiedad y a la libertad de contratación de los colegios privados, al indicar que deben poder definir sus políticas salariales y de precios sin la intervención directa del Estado. Según el Gobierno, la rigidez del esquema anterior “podía afectar la calidad educativa” al impedir ajustes acordes a la evolución de los costos.

Por último, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991 —base del sistema de financiamiento de la educación privada— y presentar una propuesta de modificación. El objetivo, según el Ejecutivo, es avanzar hacia un modelo que garantice la libre contratación y fomente la competencia entre instituciones educativas. Informa Voces Críticas