Catalano y Samsón dejan la Corte: se abre un vacío histórico en el máximo tribunal salteño

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Corte de Justicia de Salta transita días decisivos: dos de sus miembros, Guillermo Catalano y Ernesto Samsón, finalizarán sus mandatos en los próximos días y ya iniciaron sus trámites jubilatorios. Esto anticipa un cierre de año inédito para el máximo tribunal provincial, que comenzará 2026 con dos vacantes formales mientras se activan los procesos administrativos para la cobertura de los cargos.

El primero en dejar su puesto será Ernesto Roberto Samsón, cuyo acuerdo vence el 29 de noviembre y que ya comunicó oficialmente su pedido de jubilación. En paralelo, Guillermo Alberto Catalano —cuyo vínculo con la Corte de Justicia de Salta se remonta a 2007— también solicitó acogerse al régimen jubilatorio, con fecha de finalización de mandato prevista para el 3 de diciembre. Ninguno de los reemplazos podrá resolverse de inmediato debido a los plazos legales que exige el procedimiento de designación.

Aunque el Poder Ejecutivo enviara los pliegos con carácter urgente, la ley obliga a cumplir etapas que requieren tiempo: publicación en el Boletín Oficial, período de observaciones ciudadanas, informes técnicos, dictamen y acuerdo del Senado. Por esa razón, todo indica que 2026 iniciará con una integración parcial de la Corte de Justicia de Salta, a la espera de definiciones políticas.

Al margen de estas dos salidas inmediatas, 2026 traerá un debate aún más profundo: vencen los acuerdos de Sergio Vittar, María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo, designados en 2020 con el régimen anterior a la reforma constitucional de 2021. Su continuidad volverá a reactivar la discusión sobre si deben aplicar las reglas viejas —que permitían renovación— o si corresponde sujetarse a la nueva Constitución, que establece mandatos de diez años sin posibilidad de reelección.

Ese debate ya generó tensión institucional luego de que el Ejecutivo enviara en 2024 y 2025 los pliegos de Teresa Ovejero y Pablo López Viñals para nuevos períodos de diez años, pese a que la reforma prohíbe la renovación. Colegios de abogados, académicos y organizaciones de calidad institucional alertaron que esas designaciones contradicen el artículo 156 reformado. La controversia creció aún más cuando la propia Corte aplicó estrictamente la reforma a magistrados inferiores por límite de edad, pero no así a sus propios integrantes.

Finalmente, el panorama se completa con la ampliación del tribunal realizada en 2020, cuando pasó de cinco a nueve miembros. La medida, impulsada por el gobernador Sáenz, buscaba acelerar los tiempos judiciales mediante salas por materia, pero recientemente volvió al centro de la discusión por su costo operativo en un contexto económico crítico. Mientras tanto, el máximo tribunal se prepara para un 2026 cargado de definiciones políticas, jurídicas e institucionales. Informa Voces Críticas.