Compras públicas en Salta: el Gobierno actualizó los topes de contratación y obras

SALTA (Redacción Voces Críticas) El Poder Ejecutivo de Salta puso en vigencia este lunes una normativa clave que modifica el tablero de las contrataciones públicas en la provincia. Mediante la Disposición Nº 08, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron los nuevos parámetros que regirán para la adquisición de bienes, servicios y la ejecución de obra pública durante este periodo.

Esta actualización es fundamental para el funcionamiento del Estado, ya que determina bajo qué montos y modalidades —como las contrataciones abreviadas— las distintas áreas gubernamentales pueden realizar sus compras y licitaciones.

El impacto de la paritaria de la construcción

El cambio en los límites de gasto no es arbitrario, sino que está atado a la evolución de los salarios. La medida se tomó tras el último acuerdo salarial a nivel nacional para los trabajadores de la construcción, que elevó el jornal básico para la categoría de peón ayudante.

Al modificarse este valor de referencia, la Provincia debe reajustar proporcionalmente los topes establecidos en la Ley Provincial Nº 8.072. Según detalla la norma, el jornal básico diario (sin cargas sociales) se fijó en $31.280 para enero de 2026. Este número funciona como el "divisor" o unidad de medida que define hasta cuánto puede gastar el Estado en cada tipo de procedimiento.

Qué procedimientos cambian con la nueva disposición

Con los nuevos valores en mano, la administración pública provincial deberá aplicar estos montos para:

• Contrataciones abreviadas: Se redefinen los máximos permitidos para compras directas o procesos simplificados.
• Obra pública: Nuevos techos presupuestarios para los proyectos de infraestructura.
• Garantías: Se actualizan los importes a partir de los cuales es obligatorio o no presentar avales económicos.
• Publicidad oficial: Ajuste en los requisitos de difusión de los llamados a licitación según el volumen del contrato.

Desde la Unidad Central de Contrataciones indicaron que esta decisión técnica busca "garantizar la uniformidad" en todos los organismos del Estado. Al actualizar los valores al contexto económico actual, se evita que los límites queden obsoletos y se agiliza la gestión administrativa sin perder el marco legal vigente. Informa Voces Críticas