Fuerte cruce con la Iglesia: el Gobierno nacional recibe un duro rechazo por la baja de la edad de imputabilidad

Argentina (Redacción Voces Críticas) El proyecto del Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad penal sumó un nuevo frente de conflicto. Esta vez fue la Iglesia católica la que expresó un rechazo abierto a la iniciativa impulsada por la gestión de Javier Milei, al considerar que bajar la edad de responsabilidad penal no ataca las causas profundas de la violencia juvenil y puede agravar el problema en lugar de resolverlo.

A través de un documento público, la Comisión Episcopal de Pastoral Social cuestionó el enfoque del Gobierno nacional y advirtió que presentar la baja de la edad como solución directa a la inseguridad resulta simplista. Según plantearon los obispos, la problemática del delito adolescente está vinculada a factores estructurales como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, aspectos que requieren políticas integrales y no solo respuestas punitivas.

En ese marco, la Iglesia sostuvo que el debate debe contemplar la realidad social que atraviesan miles de jóvenes. Señaló que durante años distintas administraciones no lograron consolidar una cultura del trabajo ni garantizar condiciones dignas de desarrollo. Para la Pastoral Social, el Gobierno nacional debería priorizar estrategias de prevención y acompañamiento antes que profundizar el castigo penal.

Otro de los puntos destacados del pronunciamiento fue el análisis de las estadísticas oficiales. De acuerdo con los datos citados, la participación de menores en delitos representa un porcentaje reducido del total, lo que relativiza el argumento de que el endurecimiento de penas sea la respuesta más eficaz. Desde la Iglesia remarcaron que el Gobierno nacional debe basar sus decisiones en evidencia concreta y no en percepciones amplificadas por la coyuntura.

Además, los obispos pusieron el foco en el avance del narcotráfico y en la fragilidad de los sistemas de contención. Plantearon interrogantes sobre dónde serían alojados los menores si prospera la reforma y cuestionaron las condiciones actuales de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, marcaron distancia con la propuesta del Gobierno nacional y sostuvieron que el encierro no garantiza reinserción ni reduce la reincidencia.

El documento concluyó con una definición que sintetiza la postura eclesiástica: priorizar la educación por sobre la cárcel. Para la Pastoral Social, cualquier modificación legal debe orientarse a la inclusión y a la construcción de proyectos de vida, con más escuelas y menos prisiones. Mientras el Gobierno nacional insiste en avanzar con la reforma en el Congreso, el debate promete intensificarse en las próximas semanas.