UNIVERSIDADES
El Gobierno Nacional enviará una nueva ley para financiar a las universidades
ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El gobierno nacional definió avanzar con el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario al Congreso, en medio de los reclamos de las casas de altos estudios por mayor presupuesto y recomposición salarial. La iniciativa ingresaría por decreto y podría tratarse en el marco de las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 28 de febrero.
La decisión se conoce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma vigente, que establece la actualización de salarios docentes y partidas presupuestarias para las universidades públicas. Con este movimiento, el gobierno nacional busca rediseñar el esquema actual sin derogarlo formalmente, sino reemplazándolo por uno nuevo.
En los últimos días, funcionarios cercanos al presidente Javier Milei mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para explorar un consenso que permita reformar el financiamiento del sistema universitario. Desde el Ejecutivo señalan que la nueva propuesta deberá garantizar “viabilidad fiscal” y previsibilidad presupuestaria.
El proyecto apuntaría a equilibrar dos demandas contrapuestas: por un lado, la necesidad del Estado de sostener el equilibrio de las cuentas públicas; por otro, el reclamo de las universidades por mayores recursos y seguridad jurídica. Para avanzar, el gobierno nacional deberá reunir apoyos legislativos suficientes que permitan aprobar la nueva ley en ambas cámaras.
El decreto que incorporará la iniciativa al temario extraordinario se firmaría en las próximas horas y se publicaría en el Boletín Oficial el lunes. En paralelo, también se formalizará la prórroga del período de sesiones extraordinarias.
La movida se produce luego de que el Congreso avanzara con la reforma laboral y la media sanción del Régimen Penal Juvenil, en una agenda legislativa intensa. Con esta nueva ley, el gobierno nacional intenta cerrar el frente universitario y evitar que el conflicto presupuestario continúe escalando en el plano judicial y político.