El Gobierno nacional endurece su postura y complica la negociación con las provincias

Argentina (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional atraviesa una nueva pulseada política con los gobernadores a raíz de la reforma laboral que se debate en el Congreso. En el centro de la discusión aparece la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, un punto que genera resistencia en varias provincias por su efecto directo sobre la recaudación coparticipable.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Gobierno nacional mantiene firme la intención de avanzar con el texto original del proyecto, sin introducir cambios sustanciales. La postura es impulsada por el sector más rígido del oficialismo, que considera que la rebaja impositiva forma parte del esquema de incentivos para dinamizar la actividad económica y atraer inversiones.

La definición se conoció tras una reunión de la mesa política encabezada en Casa Rosada por el vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni. Allí se ratificó que, por ahora, el Gobierno nacional no contempla eliminar ese artículo, más allá de la predisposición de algunos mandatarios provinciales a negociar alternativas o mecanismos de compensación.

El sector identificado como “ala dura”, que tiene como referentes al asesor Santiago Caputo y al ministro de Economía Luis Caputo, sostiene que la ley debe aprobarse tal como fue redactada. Según trascendió, sólo habría margen para ajustes menores, mientras que el núcleo de la reforma permanecería sin modificaciones, postura que marca el rumbo del Gobierno nacional.

Desde las provincias, en tanto, advierten que la reducción del tributo podría afectar los ingresos locales, por lo que plantean revisar la medida o establecer un esquema de compensación fiscal. Algunos gobernadores, incluso aliados, trasladaron esa preocupación en distintas reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, argumentando que la caída de recursos impactaría en servicios básicos y obras públicas.

Mientras continúan las negociaciones legislativas, el escenario refleja un delicado equilibrio entre el respaldo político que el oficialismo necesita para aprobar la reforma y la presión de los distritos por resguardar su financiamiento. Por el momento, el Gobierno nacional se muestra decidido a sostener su estrategia, dejando abierta la discusión sobre cómo evolucionará el debate en el Congreso durante las próximas semanas.