Jubilación obligatoria: el Gobierno nacional limita contratos y empuja a estatales a retirarse

Argentina (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida que impacta de lleno en el empleo estatal y en el sistema previsional: los trabajadores del Estado mayores de 65 años que no reúnan los años de aportes necesarios sólo podrán renovar sus contratos por un plazo máximo de seis meses. La decisión, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, implica en los hechos una jubilación forzosa o la salida del sector público para quienes no logren cumplir los requisitos.

La resolución establece que, para continuar vinculados a la administración, los organismos deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse cuando el empleado supere los 30 años de aportes. En ese contexto, el Gobierno nacional deja sin margen a miles de contratados que, al no alcanzar el mínimo exigido, quedarían fuera del sistema formal de jubilación y deberían migrar a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Actualmente, la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y ronda los 279.443 pesos mensuales, con cobertura de salud a través del PAMI, pero sin derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva. Este escenario fue advertido por distintos analistas y, según información difundida por el periodista José Ayusa, la decisión genera especial preocupación en áreas del Estado donde muchos trabajadores no lograron completar sus aportes pese a años de servicio.

Hacia fines de 2024, los empleados contratados representaban el 12,7% de la planta estatal, con cerca de 58 mil personas bajo esa modalidad, aunque el número ya comenzó a caer por la no renovación de vínculos. Con la nueva disposición del Gobierno nacional, una parte de ese universo quedaría directamente sin empleo y sin posibilidad de seguir aportando para acceder a una jubilación ordinaria, lo que agrava la incertidumbre laboral.

La medida se aplica sin excepciones, incluso en oficinas donde el trabajador es el único técnico especializado o donde las dotaciones ya funcionan con personal mínimo. Meses atrás, más de 10 mil empleados habían sido intimados a jubilarse bajo criterios similares. Ahora, el Gobierno nacional profundiza ese camino en el marco de una reducción más amplia del gasto público y de la planta estatal.

Los números muestran la magnitud del ajuste. La Administración Pública Nacional cerró diciembre con 280.120 trabajadores, tras una baja interanual del 7,2%, mientras que se recortaron más de 63 mil puestos en todo el Sector Público Nacional. En paralelo, casi 1.100.000 jubilados continúan activos laboralmente, reflejo de la dificultad para sostener ingresos sólo con el haber previsional.

Desde los gremios estatales, las críticas no tardaron en llegar. Dirigentes sindicales calificaron de “cruel” la decisión y advirtieron que empuja a empleados con 29 años de aportes a elegir entre aceptar la PUAM o quedarse sin trabajo. En ese clima de tensión, el debate por el alcance de la reforma previsional y el rol del Gobierno nacional en el achique del Estado vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública.