2026-06-05

SE REAVIVA EL DEBATE

Emilia Orozco y Guzmán Coraita votaron contra Michelli y crecen las críticas por una supuesta represalia política

Los legisladores vinculados al espacio libertario rechazaron la postulación de la jueza María Verónica Michelli
Por Redacción Voces Críticas

SALTA (Redacción Voces Críticas) La votación en torno al pliego de Michelli volvió a encender la polémica sobre la independencia judicial y el peso de las disputas políticas en las designaciones de magistrados. Los senadores María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita votaron en contra de la postulación de la jueza María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata.

La decisión se produjo luego de que el Gobierno nacional impulsara el retiro de su pliego, una medida que generó cuestionamientos debido a que no estuvo acompañada por objeciones públicas vinculadas a su trayectoria profesional o antecedentes como magistrada. En cambio, las críticas se centraron en su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción y manejo de fondos públicos.

Para distintos sectores políticos y judiciales, el caso de Michelli expone una preocupante utilización de las instituciones para dirimir conflictos políticos. Según sostienen, la magistrada terminó en el centro de una controversia que poco tiene que ver con su desempeño profesional y mucho con las investigaciones periodísticas que involucran al poder político.

Las críticas también alcanzaron a los senadores Orozco y Guzmán Coraita, quienes acompañaron con su voto la postura del oficialismo. Los cuestionamientos apuntan a que el rechazo no estuvo fundamentado en criterios de idoneidad o capacidad técnica, sino en una supuesta lógica de disciplinamiento hacia quienes mantienen vínculos con voces críticas del Gobierno.

El episodio reavivó el debate sobre la independencia de la Justicia y el rol de los poderes del Estado. Para quienes cuestionan la decisión, el caso Michelli envía una señal preocupante hacia jueces, fiscales y periodistas, al instalar la idea de que incluso los vínculos familiares pueden convertirse en motivo de represalias dentro de la disputa política nacional.

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