CASO LA CIÉNAGA: la Justicia declaró la nulidad e inadmisibilidad de la acción penal

SALTA.- El pasado 10 de agosto, la sala I del Tribunal de Impugnación resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor Juan Francisco Gutiérrez y, en su mérito, declarar la inadmisibilidad del requerimiento de instrucción contra el ex gobernador Juan Carlos Romero, su hijo Juan Estaban Romero, Rubén Fortuny, José Luis Agustoni, los responsables de la sociedad “Prados de Atocha S.A.” y “Estancia del Carmen S.A”, María Cecilia Pérez de la Fuente, Laura Inés Wayar y Victor Manuel Brizuela,  entre otros.

La causa inició en 2010 a partir de la denuncia de un particular en contra la venta de terrenos fiscales en la zona de la Ciénaga, cercanos a Circunvalación Oeste.

En este sentido,  el fallo de la justicia indicó la vuelta de las actuaciones principales y de toda la actividad jurisdiccional desarrollada en consecuencia. A partir de la medida, el Ministerio Público Fiscal deberá decidir si apelará la decisión, de lo contrario la sentencia quedará firme. 

CASO LA CIÉNAGA

 Esta causa acumula varios cuerpos de instrucción penal, avances en pericias contables y testimoniales. En Salta aseguran que sólo resta la indagatoria a Romero para que le caiga el procesamiento y el caso se encamine a juicio. Pero el ex gobernador viene eludiendo esto, gracias a sus contactos en el mundillo judicial, por lo que el expediente se mantiene en stand by.

En la causa La Ciénaga hay 13 imputados. Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.

Uno de los nombres clave que se filtra en esta lista, además de Romero padre e hijo, es el de Brizuela, cabeza de la escribanía que certificó el pase de escrituras y las compraventas que se resgistran en esta causa, que además de haber sido escribano del Gobierno provincial fue ministro de Gobierno y Justicia y jefe de Gabinete durante la gestión Romero. Un hombre de extrema confianza del senador.

Lo que se investiga es la venta irregular de 90 hectáreas de la finca La Ciénaga, que la provincia adquirió el 5 de junio de 1998 a través del decreto 1297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial. En el artículo 5 de ese decreto se establece que esas tierras serían destinadas al Programa de Familia Propietaria. La operación fue avalada por el ex escribano de Gobierno, Brizuela, y se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.

En 2004, con la cotización del dólar a $ 2,91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. Lo curioso es que la gestión Romero decidió ese año transferir el predio mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004 a José Luis Agustoni, por un valor de 460.000 pesos. Es decir, una séptima parte de su valor de mercado. La escribana que avaló esa transferencia fue Laura Inés Wayar, por entonces escribana de la Gobernación y cercana a Brizuela.

Más curioso aún es que apenas cuatro meses después de esa operación, Agustoni volvió a vender La Ciénaga. Fue el 4 de junio y la compradora fue María Cecilia Pérez de la Fuente. ¿Cuánto había pagado? 100 mil pesos. En la operación volvió a participar la escribana Wayar, aunque en esta oportunidad como particular.

Pasaron cinco años sin que se registren movimientos en La Ciénaga, hasta el 19 de noviembre de 2009, cuando las 90 hectáreas sorpresivamente fueron transferidas a Estancia El Carmen S.A, una de las empresas más importantes de la familia Romero. La dirige su hijo Juan Esteban y su domicilio es el mismo que Horizontes S.A., la editora de El Tribuno. Pagó apenas 100 mil pesos por las tierras y el escribano que avaló la escritura fue, otra vez, Brizuela.

No es menor la atención que Romero centró sobre La Ciénaga. Ese predio está muy cercano a las 800 hectáreas que posee Gilberto Oviedo, ex ministro de Producción de Romero, y a quien fuentes salteñas señalan como testaferro del ex gobernador.

Como el plan original era instituir ahí vivienda social, eso afectaría el negocio inmobiliario que tenían planeado sobre las 800 hectáreas: un mega barrio privado. “No querían que se haga un asentamiento tan cerca, porque afectaría el valor de sus otros terrenos”, explicó a LetraP una fuente de la investigación.

A partir de esta denuncia, según consignaba letra P, la ex agente Fiscal penal 2, María Inés Loyola, promovió acción penal, por lo que se abrió una causa en el ex juzgado de instrucción formal 4, a cargo del ex juez formal, Germán Antonio Pastrana. En su acusación, detalló que “las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos (…) terminaron en poder de la empresa “Estancia El Carmen”, cuyo presidente era el hijo del ex gobernador, Juan Esteban Romero”. Y tras un serio análisis contable, aseguró que Romero simuló “una cadena de adquirentes”, lo que permitiría “establecer que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo”.