Guzmán Coraita sobre el proyecto revolución verde: "Le pedí al juez que le aplique a Savoy una multa de $3.500 pesos diarios, si no cumple"

SALTA.- (Redacción) Voces Críticas dialogó en exclusiva con el abogado Gonzalo Guzmán Coaita sobre el fallo de la Justicia que lo autoriza a solicitar informes al municipio por el proyecto de revolución verde.

V. C.: ¿Tienen plazo hasta el viernes para presentar los balances económicos?

G. G.: Sí, así es. El plazo que dio el juez es de tres días hábiles.

V. C.: ¿A qué responde esta solicitud?

G. G.: A fines de 2015 hice pedidos de información de detalles de los gastos, no respondieron el pedido y fui a juicio. En el juicio hubo dos sentencias y se ordenó al IPS a dar información en un plazo de diez días. Ellos presentaron dos facturas de dos viveros y apelaron a la sentencia, la Corte confirmó la sentencia y ordenó que tienen que cumplir dando la información completa de todo lo gastado, tanto en el censo como en los gastos en reforestación, y todo lo implicado con lo que se había anunciado como “revolución verde.

Luego me llaman de la Procuración para explicarme que era complejo para ellos reunir la información y que estaban haciendo indagaciones internas para reunir toda la documentación que me pedían; después de eso tuve tres reuniones más hasta que vi que era demasiado el tiempo y proseguí pidiendo la ejecución de la sentencia. Entonces lo que hizo el juez es intimar a la Municipalidad a dar cumplimiento a la sentencia en un plazo de tres días. Si se cumplen los tres días y no está la información, el juez está habilitado para aplicar al funcionario una multa diaria hasta que la información aparezca.

V. C.: ¿A qué funcionario se le aplica esta sanción?

G. G.: A Emilio Savoy que es el secretario de Hacienda. Le pedí al juez que se aplique una multa de $3.500 pesos diarios.

V. C.: ¿Hasta que él presente los informes correspondientes?

G. G.: Claro, así es. Es una forma que tiene el juez para intimar, y en esa instancia estamos. Si no cumplen la sentencia estarán incurriendo en desobediencia judicial que es un delito penal. Esta vía podría abrirse en caso de que ellos se cierren y no brinden información.