Tras el escándalo del IFE, quiénes fueron los únicos cuatro funcionarios salteños que devolvieron la plata

SALTA (Redacción Voces Críticas) Tres meses atrás, Salta fue noticia nacional luego de que se destapara una olla en la que se veían involucrados más de 50 funcionarios salteños, sobre quienes se descubrió gracias a la labor de Voces Críticas, que estos habían solicitado -incluso cobrado en algunos casos- el bono de $10.000 otorgado por ANSES bajo el marco del Ingreso Familiar de Emergencia. Ahora trascendió que solamente cuatro personas devolvieron el dinero.

A finales del mes de julio, la provincia de Salta era nombrada por todos los medios de comunicación del país, has incluso en países limítrofes, al trascender que 52 funcionarios, entre ellos concejales, un diputado y un intendente, habían solicitado y cobrado en algunos casos, el bono extraordinario de $10.000 correspondientes al IFE.

Lamentablemente muchas personas van a tener que aceptar que el IFE ha quedado extinguido y así lo confirmaron desde el Gobierno Nacional. Sin embargo funcionarios salteños, quienes deberían dar ejemplo de educación y altura cívica en un momento de crisis social y económica, se aprovecharon de un beneficio que no les correspondía.

Y es que según se pudo averiguar, aunque muchos aseguraron en el momento en el que las "papas estaban quemando" solamente fueron cuatro los funcionarios salteños que se mostraron arrepentidos por llevar a cabo esta maniobra inescrupulosa, por lo que decidieron devolver lo que cobraron indebidamente.

Luis Alberto Hosel, coordinador de Centros de Referencia en Salta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cobró en dos oportunidades el beneficio y lo devolvió todo. Franco Córdoba, Concejal de San Antonio de los Cobres y Marta Beatriz López, de Orán cobraron en una oportunidad. Además Javier Héctor Chauqui, edil de Angastaco, percibió dos pagos.

Mientras tanto, de los otros 24 imputados en el marco de la misma causa, no se reportó ninguna muestra de arrepentimiento por haberse hecho de 10.000 que el Gobierno Nacional destinó en su momento a los sectores sociales más vulnerables y pertenecientes a la economía informal.