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Podrán ser condenados a dos años de prisión por ir a una fiesta clandestina

Es la pena que les espera a ocho personas que se encuentran detenidas por un festejo ilegal.

Podrán ser condenados a dos años de prisión por ir a una fiesta clandestina

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) A pesar de las restricciones que existen en todo el país a partir del DNU decretado por el Gobierno nacional, hay quienes se empeñan en incumplirlas. Pero ahora podían llegar a enfrentar serias consecuencias y hasta podrán ser condenados a dos años de prisión por ir a una fiesta clandestina. Es la pena que les espera a ocho personas que se encuentran detenidas por un festejo ilegal.

Los sindicados privados de su libertad en el barrio porteño de Flores por participar de un festejo ilegal pese a las restricciones por la COVID-19 y de resistirse a las autoridades fueron imputadas por la Justicia y podrían ser condenadas a penas de hasta dos años de prisión. La medida fue impuesta por el fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas Néstor Maragliano, quien caratuló las actuaciones como "resistencia a la autoridad".

De acuerdo a lo explicado por parte de fuentes de la fiscalía, esto se debe al hecho de que los ocho detenidos forcejearon con agentes de Gendarmería Nacional para tratar de no ser identificados dentro de una vivienda donde se realizaba una fiesta clandestina en el barrio 1- 11-14. Cabe mencionar que los hechos ocurrieron durante el transcurso de la madrugada del domingo pasado.

En ese momento, la Gendarmería Nacional irrumpió en el lugar luego de haber recibido un llamado de vecinos al 911 alertando acerca de la realización de una fiesta clandestina. En el lugar, los efectivos constataron que efectivamente se estaba desarrollando una reunión de unas 40 personas, con baile, música y luces para la ocasión. Según el reporte, los restantes asistentes aprovecharon para escaparse cuando los gendarmes apresaban a los ocho detenidos.

La imputación

En definitiva, todos quedaron imputados por los artículos 205 y 239 del Código Penal (violación de las normas sanitarias contra una enfermedad contagiosa y atentado y resistencia a la autoridad), que contemplan penas de hasta dos años de prisión. La fiscalía ordenó, también, el secuestro de todos los elementos empleados para la fiesta, entre ellos pantallas de video, mobiliario y bebidas alcohólicas.

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