Con engaños hizo que dos "abuelos" firmen un contrato y luego los acusó de estafa

SALTA (Redacción Voces Críticas) Dos personas integrantes de la comunidad Suri Diaguita Kallchaki de El Paso, fueron acusados de estafa, sin embargo, tras atravesar un proceso penal fueron absueltos el pasado viernes. Este fallo sentó un precedente importante sobre la relación con los derechos protegidos por la ley nacional 26.160. 

El fallo de absolución de los acusados de estafa fue dictado por la Sala I del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Javier Araníbar. Ambos integrantes de la citada comunidad originaria de los Valles Calchaquíes fueron asistidos por Jaime López Figueroa, letrado a cargo de la Unidad de Defensa Pública N°2, y contaron también con el acompañamiento de Martín Yáñez, antropólogo del Gabinete de Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Provincia, quien se encargó de llevar adelante el trabajo que acreditó la condición étnica de los imputados y demostró su pertenencia a la comunidad originaria Cafayate.

La causa que se les había abierto, respondía a la denuncia de un hombre que aseguró ser propietario de un inmueble rural donde la pareja realiza actividades de pastoreo y cultivo. En ese sentido, se constató que son tierras fiscales que actualmente reclama la comunidad indígena Suri Diaguita Kallchaki, amparada en la ley nacional 26.160. 

Cabe señalar que a partir de esta ley se suspendió la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras ocupadas por comunidades originarias, en el marco de la emergencia territorial que se mantiene vigente desde 2006, a la par de un Programa de Relevamiento técnico, jurídico y catastral que puso en marcha el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2007 junto al Consejo de Participación Indígena.

Firmaron engañados

Durante el juicio, se pudo comprobar que los adultos mayores acusados de estafa, habían sido inducidos por el denunciante a firmar engañados por medio de un convenio de comodato. Esto fue expuesto ante el juez Araníbar por el defensor público. Con el fallo, la Defensa Pública logró poner en salvaguarda dos aspectos propios de la condición de vulnerabilidad, como son la ancianidad y la pertenencia a una comunidad originaria.