Hasta las manos: Angelina Canchi imputada por fraude como ex intendente

 SALTA (Redacción Voces Críticas). La ex intendente de Islas de Cañas, Angelina Canchi, fue imputada por los delitos de usurpación y arbitrariedad en el ejercicio de su cargo. Además, se le acusa de fraude en perjuicio de la administración pública, supresión de documentos y peculado. 

Quien la denunció fue el actual intendente de la localidad, Jorge Canchi, quién luego de haber asumido en su cargo arremetió contra  la ex funcionaria pública. En este sentido, la Justicia posee pruebas que la vincularían con los supuestos delitos cometidos.

 Son cuatro los hechos por los que está acusada. El primero, la utilización de fondos municipales para pagar un préstamo bancario que sacó para ella misma. El segundo supuesto delito es hacer figurar un dinero destinado a una obra eléctrica que no especifica lugar, día ni cuanto se invirtió. Es decir, no dice nada del dinero ni donde o para qué se destinó.

 El tercero implica una cooperativa de fábrica de dulces que la ex intendente se habría apropiado, así como de los bienes que ella tenía. Por último, se le acusa también de emitir cheques a cuentas personales días antes de finalizar su mandato en el 2019 con dinero del municipio.

 La fiscal penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, Mónica Viazzi, pidió un juicio ante el Juzgado de Garantías 2, en donde adjunta las pruebas correspondientes a las acusaciones por las cuales se le imputa a Angelina Canchi.

 En este sentido, la fiscal menciona tener pruebas testimoniales, informes contables y de instituciones bancarias de la Auditoría General de la Provincia. Además existen informes de pericias que el CIF realizó a través de si personal especializado.

 Mónica Viazzi advirtió que la Angelina Canchi firmó tres cheques el 26 de diciembre de 2019 como intendente de la localidad cuando ya habían cesado sus funciones del cargo, lo que constituye un claro accionar ilegal.

 En cuanto a la acusación de fraude en la administración pública y la destrucción de documentos, la fiscal explicó que la acusada se encargó de destruir y eliminar toda la documentación necesaria que puede ser probatoria de los delitos en los que incurrió, donde quedan sentados el estado financiero y contable del ente público.