Crimen Liliana Ledesma: los Castedo tendrán participación vía online en la audiencia

Salta (Redacción Voces Críticas) La audiencia de debate inicia el lunes 20 de marzo en San Ramón de la Nueva Orán, más precisamente en el Tribunal de Sala I de Juicio.

El mencionado Tribunal, hizo lugar a un pedido que realizó el Ministerio Público Fiscal, en representación de la fiscal Claudia Carreras y se determinó que a lo largo de la audiencia de debate por el crimen de Liliana Ledesma, los acusados den su presencia de forma remota y a traves de videoconferencia POLICOM.

Carreras, recibió la notificación del Tribunal de la Sala I de Juicio del distrito, donde se establece que la audiencia de debate en contra de Raúl Amadeo Castedo y Delfín Reynaldo Castedo, ambos hermanos acusados por "instigación de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Liliana Ledesma", se realice con los imputados presentándose de forma remota.

Recordamos que el pedido se reiteró por la fiscal Carreras por la falta de infraestructura en cuanto a seguridad en la ciudad, solicitada en un proceso penal donde se juzgará a personas que piden extremar medidas de seguridad dada la complejidad de la causa, tambien por el traslado y permanencia de los acusados en una ciudad en la frontera de nuestro país.

El crimen fue el 21 de  septiembre de 2006, cuando los hermanos Castedo enviaron a matar a Liliana Ledesma debido a sus denuncias en las que se incluía a José Ernesto Aparicio, el extinto diputado provincial, en actividades relacionadas al narcotráfico dentro de la zona fronteriza con Bolivia. Esto era algo que ya la Justicia Federañ y la Gendarmería Nacional venían investigando desde el año 2003. No se comprende aún el tiempo que la justicia local dejó pasar para concretar finalmente el juicio y condenar de una vez a los acusados.

Los Castedo son considerados los autores intelectuales del crimen de la productora Ledesma. El papá de Liliana, fue quien realizó la denuncia penal donde responsabilizó tanto a Aparicio como a los Castedo por el vil homicidio de su hija.

El juicio a los Castedo continúa pendiente en la justicia. A las demoras en el inicio del expediente, le fue sumado el que afrontaron los hermanos debido a asociación ilícita y además contrabando de estupefacientes.

Las demoras tienen como responsable a Nelson Aramayo, el juez de Tartagal, encargado de investigar el homicidio. Luego del crimen, la misma noche, el papá de Liliana hizo una denuncia penal correspondiente.

Aramayo convocó a los Castedo para una declaración informativa y fue postergando su indagatoria. Lo que les permitió a los hermanos huir de la justicia.

En el caso del diputado Aparicio, quien fue apuntado por el atroz asesinato, éste falleció en 2013, sin haber sido investigado por el crimen. Cabe citar que en el asesinato de Liliana, dos sicarios la atacaron a cuchillazos, dejándole cortes principalmente en su boca a modo de mensaje mafioso y propinándole puñaladas mortales.

Aramayo citó recién en el año 2016 a los hermanos Castedo, cuando uno de ellos fue extraditado de Bolivia (habiendo cumplido condena por narcotráfico) y el otro fue detenido en Buenos Aires. Los vínculos que los Castedo tenían tanto políticos como judiciales les permitieron eludir todo ese tiempo la justicia.

Durante el juicio federal de asociación ilícita por lavado de activos y narcotráfico contra la organización liderada por Delfín Castedo,  Eugenio Ledesma mencionó que el enfermero Juan Moreno comentó que los Castedo habían juntado "diez mil dólares para liquidar a toda la familia Ledesma". Y sus hijos ratificaron esa afirmación.

En el año 2010 Moreno, ahora ya fallecido, fue condenado a 4 años de prisión por encubrir el crimen el homicidio de Liliana.

Cabe recordar también que en diciembre del 2022 se condenó a Delfín Castedo a 16 años de cárcel por ser jefe de una asociación ilícita. Y su hermano, Raúl Castedo, fue condenado a 9 años de cárcel.

En el juicio, otras cinco personas pudieron recibir penas de entre 3 y 6 años, y además se ordenó el decomiso de una finca, ubicada en la frontera con Bolivia, en favor del Estado Nacional. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta, fue presidido por Federico Santiago Díaz y además integrado por Mario Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek. La condena deja a Delfín como partícipe necesario del delito de "falsificación material de documento público" y además coautor de "falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos". A cargo del caso estuvo la Procuraduría de Narcocriminalidad, junto con los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Iglesias, y en el debate oral intervino el fiscal Carlos Martín Amad con el auxiliar Jorge Viltes Monier.