Muerte del exfuncionario en Solís Pizarro: pidieron juicio contra la enfermera por mala praxis

Salta (Redacción Voces Críticas) En un suceso acontecido el 26 de septiembre del pasado año, tras un siniestro vial en un bache del barrio Solís Pizarro y luego de ser atendido por el SAMEC, se produjo la muerte del exfuncionario Gabriel Alejandro Olivera. Debido la rareza de los acontecimientos, la enfermera Adriana Mariela Serapio, quien estuvo a cargo de su atención, fue denunciada por mala praxis en perjuicio de la víctima, y en ese marco, con las pruebas recabadas hoy se efectuó el requerimiento para llevar a la trabajadora de salud a juicio.

En la madrugada de aquel 26 de septiembre, quien era director del área de Discapacidad, Gabriel Olivera, circulaba con su camioneta por la Avenida Solís Pizarro en la ciudad de Salta. De manera sorpresiva, y por una obra de bacheo muy mal señalizada, el conductor sufrió un accidente vial.

Inmediatamente un móvil perteneciente al SAMEC llegó para brindar asistencia al damnificado. Allí, la enfermera Serapio, quien estaba a cargo, determinó un diagnóstico de leves escoriaciones por el cual indicó que no era necesario derivarlo a un hospital y efectivos policiales llevaron a Olivera hasta su domicilio. Pero horas después del hecho se produce la muerte del exfuncionario en un shock hipovolémico debido a una ruptura hepática producida en el siniestro.

Acorde fue indicado por el Gabinete de Medicina Legal perteneciente al CIF, el deceso de la víctima podría haberse evitado si hubiera recibido la correspondiente y necesaria atención médica que su caso requería. Y la profesional de salud fue acusada de no haber tomado las pertinentes precauciones con el paciente omitiendo su traslado al nosocomio local.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, requirió juicio contra la licenciada en enfermería por el delito de homicidio culposo habiendo efectuado mala praxis en perjuicio del exfuncionario en concurso ideal.

Pero por si fuera poco, la imputada también habría adulterado, luego del suceso, la planilla de triage indicando que fue el paciente quien se negó al traslado. Este hecho agravó su situación dado que ni los testimonios de la investigación en la sede fiscal ni los documentos de los efectivos policiales que intervinieron en el hecho revelan una circunstancia como esa. Por este motivo, también se la acusa del delito de falsedad de un instrumento público.

La fiscal penal 2 perteneciente a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, también instó el sobreseimiento del supervisor de la obra de bacheo donde ocurrió el siniestro que terminó con la muerte de Olivera. El trabajador, un hombre de 26 años de edad, estaba imputado por incumplir sus tareas de funcionario público en la obra pública. Su sobreseimiento se debe a que pudo revelarse que su actuación fue efectiva en las obligaciones legales que desarrollaba.