Estos son los intendentes salteños imputados por corrupción

SALTA (Redacción Voces Críticas) Los recientes casos de corrupción que involucran a intendentes salteños han despertado críticas y enojo en la sociedad. Aunque ya no sorprenden, los habitantes de la provincia se están acostumbrando a convivir con jefes comunales que enriquecen sus bolsillos mientras sus pueblos se sumen en la miseria.

En los últimos 10 años, al menos 10 jefes comunales han sido imputados, procesados, juzgados e incluso algunos condenados por diversos delitos, desde peculado y enriquecimiento ilícito hasta casos relacionados con corrupción de menores y trata de personas.

Algunos casos destacados incluyen a Julio Jalit, quien pasó de ser empleado de una estación de servicio a convertirse en un multimillonario hacendado, terrateniente y empresario de transporte, presumiendo de ser "inteligente para robar". También están Manuel Cornejo, quien enfrenta juicio tras varias suspensiones, y los jefes comunales Enrique Prado, Angelina Canchi y Eduardo Díaz, entre otros, en diferentes regiones de la provincia.

Recientemente, Angelina Lucía Canchi, exintendenta de Isla de Cañas, fue condenada por usurpación de cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, supresión de documentos y peculados reiterados. Actualmente, cumple una sentencia de cuatro años de prisión en la Unidad Carcelaria 9 de Orán, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la administración pública.

Hace aproximadamente seis meses, el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza, fue condenado por fraude y peculado en grado de tentativa, mientras que Sergio Armando, quien se desempeñaba como secretario de Obras Públicas durante su gestión, también recibió una condena. Estos casos demuestran la persistencia de la corrupción en la provincia.

Otro escandaloso caso que atrajo la atención de los medios nacionales fue el protagonizado por el exintendente de Aguaray, Enrique Prado, quien formó parte de un plan criminal en el cual se robaron caños del Gasoducto NEA y los comercializaron por una suma considerable. Prado fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por robo agravado.

Además, el exintendente de Angastaco, Eduardo Díaz, fue condenado a tres años de prisión condicional por peculado, mientras que su esposa, Alicia Elvira Ríos, fue encontrada culpable de ser partícipe necesaria del peculado y autora de falsificación de instrumento público, y deberá cumplir una pena de dos años y tres meses.

En 2020, la Auditoría General de la Provincia (AGPS) denunció irregularidades en la gestión de los fondos del municipio de Angastaco por parte del intendente saliente. Se descubrió que la esposa del exintendente administraba la Hostería municipal sin contrato de concesión desde diciembre de 2017, y el responsable de cobranzas no estaba registrado. Además, la mujer, que también fue designada secretaria de Acción Social, utilizaba su cuenta personal de Mercado Pago para recibir pagos de tarjetas de crédito correspondientes a reservas de los huéspedes.