Crece el escándalo por las feroces batallas legales en las tabacaleras: el “Señor Tabaco” y el juez Ariel Lijo en la mira

SALTA (Redacción Voces Críticas) Luego de que el Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, arremetiera de lleno contra la Tabacalera Sarandí y dejara fijada su postura en lo que respecta al enriquecimiento ilícito a costa de la evasión tributaria y en la competencia desleal, se desató una feroz interna. El anuncio del ejecutivo nacional de querer terminar de una vez por todas con los beneficios, los legisladores misteriosamente quitaron el apartado en la Ley de Bases -Ley Ómnibus- las medidas que llevan a la regulación de las tabacaleras, lo que despertó la furia de las multinacionales.

En este contexto, una ola de denuncias cruzadas comenzó a hacerse presente en la justicia donde se dejaron expuestos los intereses políticos y económicos que hay detrás del polémico paquete fiscal. De acuerdo con lo informado en por Diario La Nación, una de estas derivaciones judiciales de las tabacaleras involucra también al juez Ariel Lijo.

Si bien el conflicto inicial había comenzado entre Massalin Particulares (filial de Phillip Morris Argentina) y Tabacalera Sarandí (liderada por el empresario Pablo Otero), otras compañías del sector se sumaron a las acusaciones por la quita impositivas a Sarandí, lo que le permitió crecer de manera exponencial en el mercado pasando del 5% al 30% de las ventas mercado.

Teniendo en cuenta que la venta de tabaco representa un negocio millonario que también es una de las principales fuentes de ingreso de la provincia de Salta, el negocio de Pablo Otero -bautizado por el presidente Javier Milei como “Señor Tabaco”- tiene a su favor una medida cautelar que lo exime del pago del impuesto interno mínimo. En otras palabras, el Estado dejó de recaudar la mitad de lo que se debe abonar por cada paquete.

Un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la “casta” (+)

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) April 10, 2024

Luego de una serie de medidas cautelares que fue ganando Sarandí, quien entró en acción fue el juez nacional Ariel Lijo. El magistrado falló a favor Pablo Otero y sostuvo que tanto Phillip Morris como funcionarios de AFIP realizaron “maniobras en conjunto” para perjudicar su negocio y manchar su nombre “en un expediente por defraudación al Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito y estafa procesal”. 

Carlos Zapata, el acusado de resguardar los intereses de Tabacalera Sarandí

En este marco, los principales referentes de la política como Gustavo Sáenz y Enrique Cornejo se plantaron no sólo contra Tabacalera Sarandí -quien se defendía asegurando que este impuesto era inconstitucional para una PyMe- sino que el libertario Carlos Zapata fue llevado a la justicia de hacer un “poderoso lobby” a favor de la tabacalera en cuestión. El retiro repentino del capítulo en el que se buscaba equiparar la igualdad en toda la industria pasando la alícuota a un 73% del impuesto interno y que todas las empresas paguen lo mismo, generó el feroz enojo del jefe provincial y diversos legisladores.

No sólo comunicadores recibieron intimidantes mensajes tales como “no te metas”, según lo declarado por Marcelo Longobardi, sino que también el representante de Salta aseguró que recibió “consejos” para guardar silencio y no seguir reclamando.

TONGO! Igual el argumento de "Fondo Nacional del Tabaco" no va. Pero lo de Tabacalera Sarandí es un escandaloso afano a mano armada, y con sorprendentes influencias en el Congreso Nacional. https://t.co/KZGdzyVEEd

— 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) April 10, 2024

Finalmente, desde el ámbito local, el representante de General Güemes denunció la sospechosa actitud de Zapata al momento de avalar, justificar y defender a la compañía que se percibe como PyMe, pero que maneja cifras millonarias en el mercado. “Es extraño que Carlos Zapata haya convalidado públicamente los fallos judiciales y los haya legitimado”, declaró Cornejo. Además, planteó que esto se trata de una “gravedad constitucional” y que se está ante un presunto ilícito del diputado, el cual deberá ser investigado por la justicia. Informa Voces Críticas.