Una intervención al acecho: la Legislatura afila las uñas en el caso Atta Gerala

SALTA (Por Franco Alvarado) No es precisamente que la Legislatura esté apurada en tomar decisiones, pero la historia dice que este tipo de situaciones casi siempre terminan con algún tipo de “intervención”, por lo que no sería raro que ese sea el desenlace.

La última estrella en el firmamento de las crisis municipales es nada menos que el intendente de Rivadavia Banda Norte (Morillo y Coronel Juan Solá), Atta Gerala, quien se encuentra con arresto domiciliario debido a su imputación por el robo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano. Con su historia de vinculación con la política y los negocios, no es ninguna sorpresa que este dirigente, tan emblemático de la zona más compleja de la Provincia, se vea envuelto en un nuevo escándalo. ¿Y qué escándalo? Nada menos que contrabando agravado, robo en banda y, por si fuera poco, el uso de su cargo para ayudar a su hijo en sus operaciones ilícitas. Un verdadero show familiar.

Por supuesto, la situación no es inédita. Este no es el primer capítulo en la saga judicial de Gerala, quien ya se ha ganado una reputación por su habilidad para meter las manos en la jarra del poder. En 2016, fue procesado por malversación de fondos públicos y, desde entonces, ha estado inmerso en procesos judiciales que, como buenos procesos judiciales en Argentina, avanzan a paso de tortuga. La espera, parece, es la constante.

Ahora bien, con todo esto sobre la mesa, se abre una pregunta fundamental: ¿qué rol tienen los concejos deliberantes y las autoridades provinciales ante el uso de un municipio como un feudo personal? En teoría, las normas constitucionales y los controles públicos están ahí para evitar que esto suceda. Según el artículo 179 de la Constitución Provincial, la intervención del gobierno municipal debería ser una herramienta extrema para “normalizar” situaciones de crisis institucional. Pero, claro, las crisis institucionales parecen ser el pan de cada día en algunos municipios, así que más que una excepción, la intervención se vuelve una opción casi previsible.

En cualquier caso, la intervención no es algo que se pueda hacer con ligereza. La Constitución provincial protege la autonomía de los municipios, y el principio del federalismo impide que el gobierno central se convierta en un interventor constante. Sin embargo, la intervención por motivos de “crisis grave” está prevista, y claramente el robo de rieles para vender a Bolivia es una de esas crisis que podría justificar que alguien, alguna vez, decida ponerle un freno al desmadre.

Mientras tanto, el control sobre los recursos municipales parece estar descontrolado. La justicia parece ser el único freno ante estos desvíos de poder, pero el sistema provincial de control público, lamentablemente, también tiene sus fallas, lo que deja a la población a merced de los caprichos de algunos dirigentes que toman sus decisiones sin mayores consecuencias.

El veredicto, parece, ya está dado: el municipio de Rivadavia Banda Norte continúa siendo una suerte de laboratorio político de prácticas poco éticas, y mientras tanto, la Legislatura observa desde su butaca, esperando que la situación se resuelva sola. O, como siempre, que alguien más se encargue del problema. Informa Voces Críticas.