Tras el rechazo del Senado, un Juez federal busca impedir el ejercicio de Manuel García-Mansilla en la Corte

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) En un fallo que marca un punto de inflexión en la relación entre los poderes del Estado, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar sin precedentes que impide a Manuel García-Mansilla ejercer como miembro de la Corte Suprema de Justicia. La resolución, emitida horas después del rechazo del Senado a su pliego junto al de Ariel Lijo, establece una prohibición total por noventa días para participar en cualquier decisión judicial o administrativa del máximo tribunal, bajo apercibimiento de sanciones penales y económicas en caso de incumplimiento.

El fundamento central del fallo de 45 páginas se basa en un riguroso análisis histórico-constitucional. Ramos Padilla demostró que "en los últimos cien años ningún presidente democrático utilizó el mecanismo de designación en comisión para integrar la Corte Suprema", como se hizo con García-Mansilla, calificando el decreto del presidente Milei como "un atajo inconstitucional que vulnera el sistema de pesos y contrapesos".

El magistrado advirtió además sobre el riesgo de crear un "círculo vicioso" que permitiría a un presidente eludir permanentemente el control del Senado mediante sucesivos nombramientos en comisión durante los recesos legislativos.

La decisión judicial coloca a Manuel García-Mansilla en una situación institucional inédita. Aunque técnicamente continúa designado por decreto presidencial, queda inhabilitado para participar en las deliberaciones del tribunal, firmar fallos o resoluciones administrativas, intervenir en la distribución de causas o ejercer cualquier otra función propia de un ministro de la Corte.

Ante este escenario, se espera que hoy el magistrado consulte formalmente a sus colegas sobre su estatus, mientras el Gobierno prepara una apelación ante la Cámara Federal. Analistas constitucionales consultados coinciden en que la Corte Suprema enfrenta ahora un dilema histórico: acatar la cautelar (lo que implicaría aceptar limitaciones a su propia composición) o desconocerla (generando una crisis judicial de proporciones).

Este fallo no solo representa un revés para la estrategia del Gobierno de consolidar una Corte afín, sino que expone una fractura institucional que expertos comparan con las crisis más graves de la democracia. La respuesta de la Corte Suprema en los próximos días podría redefinir el equilibrio de poderes y establecer nuevos precedentes sobre los límites de la facultad presidencial en materia de designaciones judiciales. Informa Voces Críticas.