Escándalo en la Ruta 50: la Justicia pone contra las cuerdas a Vialidad por abandono y negligencia

SALTA (Redacción Voces Críticas) La situación en la Ruta 50, en el tramo Orán-Pichanal, llegó a un punto crítico. Tras años de reclamos y promesas incumplidas, la Justicia Federal ha intervenido para exigir a Vialidad Nacional que cumpla con su obligación de mantener la vía en condiciones seguras. El fiscal Ricardo Toranzos pidió con fervor que se ratifique el amparo que obliga a la DVN a recomponer la carretera, evidenciando el grave estado de abandono y negligencia en el que se encuentra.

El dictamen del fiscal, presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, es un duro revés para Vialidad Nacional. El funcionario desestimó los argumentos de la DVN, que apeló la decisión del juez de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien había respaldado el reclamo colectivo impulsado por la Defensa Oficial Federal. Toranzos subrayó que el magistrado tuvo en cuenta el testimonio de alrededor de 1300 personas, así como pruebas fotográficas, inspecciones oculares y un peritaje que constató el deplorable estado de la Ruta 50.

El peritaje realizado por el Grupo de Criminalística de Gendarmería es demoledor. Los expertos detectaron "protuberancias y baches" a lo largo de 21,5 kilómetros, así como carteles parcialmente obstruidos por la maleza. Estos hallazgos confirman, según el fiscal, "el grave estado de la ruta" y demuestran la insuficiencia de los trabajos realizados hasta ahora. La situación es tan alarmante que pone en riesgo la seguridad vial y la integridad física de los usuarios.

La propia Vialidad Nacional reconoció la "escasa durabilidad de los arreglos" al solicitar mezcla asfáltica en caliente, admitiendo que "en menos de 20 días las rutas sufrieron un gran deterioro". Para el fiscal Toranzos, esta admisión confirma que se usó "material inapropiado" y que los parches provisorios "no bastan para garantizar la seguridad vial". La falta de presupuesto no puede ser una excusa para poner en peligro la vida de las personas que transitan sobre la Ruta 50.

El fiscal Toranzos fue contundente al advertir que "están en juego el derecho a la libre circulación, la seguridad y la vida", por lo que corresponde el control judicial. Además, señaló que el puente de acceso a Hipólito Yrigoyen, terminado el 5 de marzo, "está pendiente de habilitación" y persisten demoras en transferir el alumbrado a los municipios. La situación es insostenible y exige una respuesta urgente y eficaz por parte de las autoridades competentes. Informa Voces Críticas.