Apagones, millones de pesos y sospechas: el Enresp llevó a la Justicia a Transnoa por incumplir su contrato

SALTA (Redacción Voces Críticas) El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) presentó una denuncia penal contra los directivos de Transnoa, la empresa responsable del transporte de energía eléctrica en el Noroeste Argentino. La presentación, firmada por el titular del organismo, Carlos Humberto Saravia, ingresó a la Unidad Fiscal Federal de Salta y apunta a una serie de delitos que van desde fraude y malversación de fondos públicos, hasta entorpecimiento de servicios esenciales y abandono de personas.

“Transnoa percibe los fondos de los usuarios, pero no invierte en mantenimiento ni mejora de la red. Su conducta pone en riesgo la vida y la salud de miles de salteños”, señala el escrito.

Según la presentación judicial, la transportista incumple de modo sistemático y doloso las obligaciones contractuales asumidas desde que obtuvo la concesión en 1994. El Enresp acusa a la compañía de no realizar inversiones, carecer de equipos y cuadrillas propias y trasladar los costos de emergencia a Edesa, la distribuidora del servicio.

Saravia pidió que se investigue a nueve directivos de Transnoa, entre ellos Diego Héctor Castro (presidente), Melitón Eugenio López (vicepresidente) y Carlos Alberto Nicora, por delitos que podrían incluir enriquecimiento ilícito, desvío de fondos y fraude contra el Estado.

La denuncia también involucra al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al que responsabiliza por falta de auditorías e inspecciones. En casi tres décadas de concesión, sostiene el Enresp, “el ENRE no ha realizado controles presenciales ni sanciones efectivas”, pese a los reiterados apagones que afectan a Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.

Millonarios fondos sin destino

El escrito detalla que en los últimos doce meses Edesa transfirió a Transnoa más de $24.765 millones en concepto de tarifa de transporte eléctrico. Sin embargo, la empresa “no invierte esos fondos en operación ni mantenimiento”, señala el Enresp.

En paralelo, las sanciones aplicadas por el ENRE durante la última década sumaron apenas $30 millones, una cifra “irrisoria” frente a los ingresos millonarios que recibe la transportista. Para el ente provincial, ese régimen sancionatorio “benévolo e ineficaz” ha permitido que Transnoa continúe operando sin consecuencias pese a los reiterados cortes.

Apagones recurrentes y falta de respuesta

La denuncia incluye siete episodios críticos ocurridos desde octubre de 2024 que habrían puesto en evidencia la negligencia estructural de la empresa. Entre ellos:

• 12 de octubre de 2024: apagón en la ET Salta Sur afectó a 43.000 usuarios durante más de cinco horas.
• 8 y 9 de noviembre: falla en la línea Tacabal–Orán dejó sin energía a 24.000 usuarios por más de 15 horas.
• Diciembre de 2024: cortes rotativos en Joaquín V. González tras fallas en equipos no reemplazados.
• 7 de enero: 88.000 usuarios sin luz en Orán, Tartagal y Pichanal.
• 21 de septiembre de 2025: caída del transformador de la ET La Estrella afectó a Rivadavia Banda Sur y La Unión.

Según el Enresp, las demoras prolongadas para restablecer el servicio eléctrico también afectan al suministro de agua potable y comunicaciones, y ponen en riesgo a personas electrodependientes.

Obras millonarias bajo la lupa

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el transformador de la Estación Transformadora La Estrella, inaugurada en 2017 con una inversión superior a 43 millones de dólares. El equipo, cuya vida útil debería alcanzar entre 25 y 50 años, falló a los ocho años y no tenía placa identificatoria, lo que abre la puerta a una investigación por presuntos sobreprecios y contrataciones irregulares.

El Enresp también apuntó contra el ENRE, al que acusa de negligencia estructural por no cumplir con sus funciones de fiscalización. “El organismo nacional cuenta con un presupuesto multimillonario, pero mira para otro lado frente a los incumplimientos de Transnoa”, sostiene el escrito.

Entre 2012 y 2022, el ente nacional solo aplicó sanciones por $30 millones, pese a los reiterados reclamos por apagones y fallas en la red. “Ese régimen no induce al cumplimiento: lo alienta”, concluye la denuncia.

La denuncia ya fue derivada a la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, quien deberá definir si impulsa la investigación penal. De avanzar, el caso podría sentar un precedente inédito en materia de responsabilidad penal empresarial en servicios públicos esenciales. Informa Voces Críticas.