Acoso escolar: el Estado suma una herramienta que podría marcar un antes y un después

Salta (Redacción Voces Críticas) Una reforma aprobada por el Senado provincial introdujo un cambio sustancial en la manera de abordar el acoso escolar, al establecer que los padres o tutores del menor agresor podrán ser responsabilizados ante la Justicia cuando incumplan los deberes parentales. La medida incorpora un nuevo artículo al Código Contravencional con el objetivo de brindar herramientas para frenar conductas que muchas veces se prolongan por falta de acompañamiento adulto.

La autora del proyecto, la senadora Alejandra Navarro, explicó que el Estado provincial necesitaba un mecanismo concreto para intervenir en casos donde los adultos evitan reuniones, desconocen citaciones o minimizan episodios de acoso escolar. Según remarcó, estas omisiones favorecen la continuidad del hostigamiento y dejan desprotegidos tanto a la víctima como al propio menor agresor, que requiere contención y orientación profesional.

Durante el debate, se subrayó que el acoso escolar ha escalado en gravedad y que ya no se limita al ámbito educativo. Las autoridades alertaron que el hostigamiento sostenido puede derivar en depresión, abandono escolar, autolesiones e incluso comportamientos suicidas. Esa situación llevó a reforzar la responsabilidad adulta como parte esencial en la prevención y el abordaje temprano de estas conductas.

La normativa aprobada contempla sanciones para los adultos responsables que persistan en no colaborar con la escuela ante episodios de acoso escolar. El juez podrá imponer multas o hasta 30 días de arresto, además de fijar la obligatoriedad de asistir a talleres de paternidad y responsabilidad parental. La intención es generar un mecanismo que obligue a involucrarse a quienes tienen a su cargo el cuidado del menor.

Con la reforma en marcha, el Senado busca que la provincia cuente con una herramienta clara para actuar frente al acoso escolar, en un contexto donde la participación familiar resulta indispensable para detener situaciones de violencia reiterada. La medida apunta no solo a sancionar la omisión, sino también a fortalecer el rol de los adultos en el acompañamiento emocional, conductual y educativo de los menores involucrados.