El Senado sancionó la reforma tributaria penal y cambió los límites de la evasión

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) En una sesión marcada por fuertes cruces políticos, el Senado aprobó la reforma al Régimen Penal Tributario, también conocida como Ley de Inocencia Fiscal, y la iniciativa ya quedó convertida en ley. El proyecto fue impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y contó con el respaldo directo del presidente Javier Milei.

La votación finalizó con 43 votos a favor y 26 en contra, gracias al acompañamiento del bloque libertario, el PRO, la UCR y senadores provinciales alineados con gobernadores. En rechazo, votó de manera unificada el kirchnerismo, encabezado por José Mayans, que cuestionó el espíritu de la norma.

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta clave para ampliar la base tributaria, reducir la litigiosidad penal y atraer capitales al sistema formal. Desde la oposición, en cambio, advirtieron que la ley puede convertirse en un incentivo para quienes evadieron impuestos durante años.

La norma introduce cambios sustanciales en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, el Gobierno aclaró que no se trata de un blanqueo tradicional ni de una amnistía: no se eliminan impuestos, no se borran antecedentes fiscales ni se modifican las leyes contra el lavado de activos ni las facultades de la UIF.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la actualización de los montos a partir de los cuales una infracción pasa a ser delito penal. El umbral de evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada se eleva de $15 millones a $1.000 millones, reduciendo así la penalización de casos menores y focalizando la persecución en maniobras de mayor envergadura.

La ley también incorpora el principio de Inocencia Fiscal, que limita las denuncias automáticas del fisco cuando las diferencias surgen de interpretaciones técnicas o contables. Además, habilita la extinción de la acción penal mediante el pago total de la deuda más un recargo del 50%, beneficio que solo podrá utilizarse una vez.

Otro cambio relevante es la creación de un régimen opcional y simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales. En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador.

Con la sanción de esta reforma, el Gobierno avanza en su estrategia de ordenamiento fiscal y reducción de la presión penal, en paralelo a la aprobación del Presupuesto 2026 y a su plan de estabilización económica. Informa Voces Críticas.