Discrepancias en el Gobierno por la sanción del Presupuesto y las leyes de Discapacidad y Universidades

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Dentro del Ejecutivo existen interpretaciones encontradas sobre la aplicación de las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Algunos funcionarios afirman que la aprobación del Presupuesto sin detallar la fuente de los fondos dejó las normas “sin aplicación inmediata”. Según este sector, es necesario recortar otras partidas para compensar los recursos destinados a esas áreas y garantizar la ejecución presupuestaria.

El equipo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, analiza alternativas administrativas para ajustar los créditos durante la ejecución del Presupuesto. Entre las medidas evaluadas se encuentra la emisión de decretos mensuales que permitan modificar partidas según la recaudación, las metas fiscales y la evolución de las cuentas públicas.

Por su parte, funcionarios que se oponen a la aplicación inmediata de las leyes sostienen que el rechazo parlamentario a su derogación no obliga a ejecutar los fondos. “El Presupuesto no contempla estas erogaciones y no se reconocen gastos sin financiamiento”, aseguran desde ese sector.

Impacto fiscal y propuestas del Ejecutivo

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley de Financiamiento Universitario tendría un costo estimado de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, mientras que la Ley de Discapacidad podría representar hasta el 0,42% del producto, según la expansión de beneficiarios y prestaciones.

El Gobierno evalúa una propuesta legislativa alternativa: para universidades, plantea un aumento del 20% en gastos de funcionamiento respecto a 2025 y una actualización salarial escalonada de 5% desde diciembre de 2025 y cuatro incrementos mensuales del 2% entre enero y abril de 2026.

En el caso de Discapacidad, se mantendría la declaración de emergencia, pero la prestación se ajustaría a parámetros previsionales, estableciendo la pensión en 70% del haber mínimo jubilatorio y permitiendo compatibilidad con empleo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos. Además, se contempla compensación retroactiva para prestadores y ajuste trimestral de aranceles a cargo de Salud y la ANDIS, con referencia al IPC si no hay definición normativa. Informa Voces Críticas